Gobierno, clase política, gremios empresariales, academias y sindicatos parecen acostumbrarse a debatir muy superficialmente y sin la más mínima voluntad de consenso temas esenciales para la sanidad económica, social, política e institucional de la nación, como si el propósito común fuera siempre navegar en círculo.
Un asunto tan serio y trascendente como el referido al rebrote de la crisis del sector eléctrico se reduce a una vaga discusión que trata de determinar la naturaleza y fortaleza de un rayo que pudo inhabilitar una planta generadora que se creía inmune a ese tipo de accidente.
En vez de debatir sobre la pertinencia de un sistema de pensiones basado en el aporte individual o en uno solidario, en el blindaje y sana inversión de los recursos aportados, los actores públicos prefieren limitar la discusión a asuntos intrascendentes o superficiales sobre un tema que representa el ahorro nacional.
El Consejo Nacional de la Magistratura sesionará para escoger o ratificar jueces del Tribunal Constitucional, un compromiso trascendente que impactará de manera directa sobre el desempeño de Poder Judicial, pero desde temprano se levantan carpas para mercadear intereses muy alejados del propósito esencial que es el de fortalecer la institucionalidad democrática.
La discusión sobre el endeudamiento público se ha vuelto añeja y difusa sin que la sociedad haya sido dotada de la información necesaria para aquilatar una proclamada preocupación por su nocivo incremento o la veracidad de quienes dicen que todavía es sustentable.
En torno a la crisis del sector eléctrico urge relanzar el debate hacia la promoción y gestión de un pacto entre Gobierno y empresas generadoras que garantice la ampliación del mercado sostenido en la idoneidad empresarial, la seguridad jurídica, la libre competencia y la reducción de la tarifa.
En la evaluación y escogencia de jueces de las Altas Cortes deben participar de manera activa y decisiva todos los sectores de la sociedad en un proceso signado por la transparencia y el respeto absoluto a la Constitución, sin prejuicios ni privilegios.
La estrambótica Ley de Partidos constituye el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando el liderazgo nacional extravía su obligación de ayudar a construir y consolidar una sociedad plural, abierta y democrática, para embriagarse de oportunismo y sectarismo en discusiones y debates bizantinos, por lo que ahora se reclama que cada quien actúe con responsabilidad y asuma el sentido común.
