Los 30 millones asignados en la adenda presentada por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto del 2018, resulta insuficiente para la Defensoría Pública, dijo ayer su directora, la doctora Laura Hernández Román.
“Agradezco los 30 millones en la adenda del presupuesto, pero no son suficientes para cubrir las necesidades mínimas de la institución”, dijo.
Dijo que la entidad que dirige maneja la mayoría de los casos penales. “La Defensa Pública maneja el 70% de todos los casos penales ordinarios y el 90% de todos los casos penales juveniles y de ejecución penal”.
Indicó que la Defensa Pública de República Dominicana es una institución en crecimiento, que requiere cumplir con el mandado del artículo 176 de la Constitución, por lo que necesita poner en funcionamiento las ocho oficinas que le restan por abrir.
“La falta de recursos económicos perjudica a los usuarios del servicio que en esos Distritos Judiciales no existan oficinas de Defensa que brinden el servicio”.
Precisó que independientemente de las oficinas por abrir, se requiere aumentar el número de defensores públicos para las 28 oficinas que funcionan en todo el país.
“Se necesitan 300 nuevos defensores públicos, así como aumentar el número de personal técnico y administrativo de las oficinas ya operando”.
La doctora Hernández Román destacó que “la Defensa Pública es el brazo humano de la justicia y la única institución que verdaderamente asegura el acceso a ésta.
Sostuvo que la Defensa Pública es la garantía de la tutela efectiva y los derechos humanos, brindando un servicio que viene a dar respuesta a todos lo que puedan verse sometidos a un proceso penal.
Dijo que espera el apoyo de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto para dotar a la Defensa Pública, por lo menos los suficientes para no poner el peligro la calidad del servicio que brindan a todo el que lo requiera.
