Opinión

Defensores públicos

Defensores públicos

La Oficina Nacional de la Defensa Pública realiza una importante e invaluable labor en favor de las personas sometidas a la justicia, que no tienen recursos económicos para contratar un abogado, lo que implica la contratación de recursos humanos para cumplir con el mandato de la ley que exige la obligatoriedad de asistir al imputado en sus medios de defensa.

Los defensores públicos son personas adiestradas, con amplio conocimiento del Código Procesal Penal y leyes adjetivas colaterales, para asumir con responsabilidad el rol que le asigna la normativa a los fines de que los procesos no caigan en mora judicial, y fluyan para que no se produzca una justicia tardía, en detrimento de los justiciables.

La enorme cantidad de trabajo de los defensores públicos, que antes eran conocidos como abogados de oficio, pagados por el Estado, impide que puedan desarrollar un eficaz trabajo, pues la mayoría de ellos tiene tres o cuatro expedientes un mismo día en diferentes tribunales de la jurisdicción represiva. Muchos de ellos salen de una audiencia penal y velozmente se trasladan a otro tribunal para cumplir con su obligación.

En el antiguo sistema de procedimiento de penal, los abogados de oficio no estudiaban los expedientes, y se limitaban a concluir en cada caso a dejar la suerte de su defendido “a la soberana apreciación del juez”, situación que no ocurre actualmente, dado que los defensores públicos estudian cuidadosamente cada caso, y realizan una defensa técnica con mucha profesionalidad. Hay personas que atestiguan que el expresidente Leonel Fernández, actuando como abogado de oficio de una de las Cámaras Penales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, realizaba una defensa brillante de los acusados de infracciones criminales que no tenían dinero para contratar a un abogado privado. Los sueldos de esa época apenas alcanzaban los cinco mil pesos.

Actualmente, la Defensoría Pública podría colapsar debido a la baja partida presupuestaria que le asignó el Poder Ejecutivo, lo que impide designar más de 300 abogados para trabajar en las 35 oficinas que la Constitución del a República establece deben funcionar en todo el territorio nacional, panorama que no pinta nada auspicioso, dado que solamente hay nombrados un total de 123 defensores.

Una muestra del extraordinario trabajo del organismo en cuestión lo revelan las estadísticas que señalan que 29,998 personas se beneficiaron en el 2013 de la asistencia judicial gratuita. Y se espera una duplicación de la tarea de los defensores público, cuando entren en vigencia las modificaciones al Código Procesal Penal.

El Nacional

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