Recientemente, la ex juez de Instrucción del Distrito Nacional, doctora Carmen Imbert, expresaba que muchas personas entienden que el Código Penal ha sido derogado, y que las penas del mismo no son aplicables a los hechos punibles que abundan con frecuencia en este país. Hay que remachar, que la normativa que contiene las sanciones que tipifican los crímenes y delitos, está vigente.
No se vislumbra, en lo inmediato, las medidas que detengan el incremento de la delincuencia, la cual mantiene en desasosiego e intranquilidad a la sociedad dominicana. La ocurrencia repetitiva de asaltos, atracos, homicidios, robos con violencia y un inusitado tráfico de drogas, ha desbordado la capacidad de las autoridades para combatir el flagelo de la criminalidad. El propio jefe de la Policía reconoció que las actividades del crimen organizado sobrepasan la capacidad de respuesta de la institución, destacando que la estructura criminal incide en los niveles de delincuencia, dificultando el cumplimiento efectivo de la garantía de la seguridad ciudadana.
Se percibe una gran alarma por el clima de violencia. Las principales autoridades judiciales han planteado fórmulas para combatir la delincuencia, no sólo en forma organizada, sino también desorganizada. La primera se caracteriza por tener una estructura criminal y una pirámide de mandos y la segunda se identifica cuando aquellos criminales salen a las calles a cazar víctimas al azar.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, insiste en su propuesta de crear una “Mesa de Trabajo”, para coordinar una política tendente a disminuir la criminalidad. También el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, propuso un plan estratégico para la justicia, como forma de responder a las necesidades y a las expectativas de los núcleos sociales.
Quien escribe entiende que la flojedad de los magistrados del orden judicial, contribuye a que el crimen organizado y desorganizado se mantenga latente y no haya modo de detener su curva ascendente.
