Los teóricos dicen que es difícil encontrar una democracia que en verdad funcione, “principalmente por la falta de información y de desinterés del pueblo, que se amolda a las leyes y termina cediendo sus derechos al grupo político de turno, el cual en su ambición de poder y dinero, deja a un costado palabras como plebiscito o revocatoria y toma las decisiones como si dirigiera una monarquía o un gobierno aristocrático”.
Si aceptamos esa definición, fácilmente llegamos a concluir que en la República Dominicana no existe la democracia funcional.
Esto es así porque las instituciones están secuestradas. El Gobierno controla, directa o indirectamente, organismos como la Junta Central Electoral (JCE), el Congreso Nacional, la Justicia y desde hace tiempo a algunos partidos políticos opositores, que han puesto sus símbolos al servicio del oficialismo, a cambio de prebendas financiadas con los dineros públicos, como si el Erario fuera un botín. Cuando el tirano Trujillo creó el Partido Dominicano, fue basándose en que entonces no se necesitaban más partidos, porque todos le apoyaban.
Hoy vemos cómo el oficialismo conquista los partidos existentes, amparándose en la necesidad de un gobierno “de unidad nacional”. Con ese fin se hacen alianzas, no de principios, sino por conveniencias personales de sus dirigentes, con la excepción de aquellos que, aunque todavía pequeños, mantienen la dignidad por encima de todo y no se venden. Entre ellos mencionamos a Opción Democrática y a Alianza País, respectivamente dirigidos por Minou Tavárez Mirabal y Guillermo Moreno.
Este negativo panorama se complica más cuando ahora surge el problema de la dislocación de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con miles de cambios de direcciones que espantan a cualquiera. Solamente en Pedernales aparecen cien personas como residentes en una misma vivienda.
Si la Junta Central Electoral (JCE) no resuelve a tiempo ese problema, con razón se podría argumentar un fraude electoral. No hay que olvidar que durante uno de los gobiernos de Balaguer hubo esa misma dislocación de electores, lo que le permitió continuar en el Poder.
La modificación Constitucional para consignar nuevamente la reelección, fruto de acuerdos de aposento, fue a cambio, entre otras cosas, que quedaran como inamovibles senadores, diputados y síndicos, lo que significa un retroceso para la democracia, pues impide a otros aspirantes a optar por esos cargos. Es por eso la rebatiña que hay ahora en el PLD, donde muchos aspiran a sustituir a otros que se creen vitalicios. Es por eso que nos preguntamos si en el país hay una democracia o una dictadura. Creemos que no hay democracia, sino una dictadura constitucional.
