La desnacionalización de más de 22 mil dominicanos de ascendencia haitiana tiene que ser más grave que la supuesta discriminación racial de que alegan ser víctimas dos hermosas mulatas en un centro de diversión. Sin embargo, la muerte civil de esos compatriotas, que incluso ha sido uno de los ingredientes de la confrontación entre el presidente y dos jueces de la Junta Central Electoral (JCE), no ha movilizado con tanta prontitud y determinación a la Procuraduría General de la República.
Lo más fácil sería alegar que no es un asunto de su competencia, pero por la decisión de la JCE y el aval de la Dirección de Migración, el Estdo dominicano ha sido citado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la posibilidad de ser sentado en el banquillo precisamente por discriminación. Los centros de diversión suelen reservarse el derecho de admisión, del cual han sido víctima por diferentes motivos, sin excluir el racial, personas de todos los colores.
Pero la mayoría de las veces por vestimenta o conducta inadecuadas. Aunque puedan darse casos de racismo. La advertencia del procurador general de la República a favor de la igualdad, sin distinción de ninguna índole, es sin duda pertinente. Es lo que corresponde con un Estado de derecho, pero de derecho en todo el sentido de la palabra.
Ese mismo derecho es el que tiene que reivindicarse en el caso de los más de 22 mil dominicanos que por su ascendencia haitiana fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad por la JCE. Esa violación, como han documentado especialistas, es uno motivos de la crisis que determinó incluso que la Cámara de Diputados designara una comisión para investigar las diferencias en el organismo.
Interés en diferencias, pero en el cumplimiento de las leyes; en discriminación racial, pero no en despojar ilegalmente a dominicanos de su nacionalidad. ¡Cuánta ironía!
