La devastadora historia de la impunidad en este país nos ha inmunizado contra las sorpresas. Hemos sido testigos de tantos despojos al patrimonio nacional sin que se hayan generado las consecuencias previstas en el ordenamiento penal, que constituye un gesto de prudencia prepararse ante la previsibilidad de que las estadísticas se reiteren.
La lista es larga y la esperanza corta. Estudios revelan la cantidad de escándalos que se han suscitado cuya repercusión se prolonga el escaso tiempo del surgimiento del siguiente y así, infinidad de sucesos que han terminado siendo pruebas irrefutables de que nuestro sistema judicial se desactiva ante la magnitud de fortuna y poder de los nombres que alcanzan publicidad.
Una nación de ciudadanos aniquilados por el desaliento que produce en quienes conciben sus vidas a partir del trabajo honrado y la convivencia civilizada. Esos tienen que conformarse con el único aliciente de su íntima satisfacción, porque en un escenario de tanta desfachatez son los tontos, los inadaptados, incapaces de insertarse en el juego retorcido del buscársela como sea y de sacar ventajas sin importar los peajes que sean necesarios.
La novedad son los equipos adquiridos para el sufragio y escrutinio en los pasados comicios. Fueron impuestos a sangre y fuego, como si de ellos dependiese no solo la suerte del proceso, sino la materialización de un negocio que, al cabo de poco tiempo, se ha develado como la más absurda de las inversiones.
Nadie puede alegar ignorancia, porque se hicieron advertencias muy serias sobre los pírricos resultados de los precarios simulacros realizados a solo horas de la prueba definitiva. Pero la decisión era incólume: El voto, su conteo y su transmisión estarían a cargo de estas máquinas mágicas que nos harían saltar del ábaco primitivo a la vanguardia tecnológica. Todo el que se oponía, era tildado de espécimen obsoleto.
Casi 40 millones de dólares en un montón de artefactos que no sirvieron para nada y que forzaron a regresar al sistema desdeñado.
Para colmo, el Departamento de informática de la JCE sugiere no usarlos en próximos eventos, lo que equivale a decir que se compute esa suma fabulosa al renglón de dinero botado.
¿Puede algo de esa gravedad pasar desapercibido en un entorno social donde se respeten mínimamente los recursos públicos? Ahí tiene la JCE su primer desafío. Ella no fue responsable de lo ocurrido, pero tiene el ineludible compromiso de propiciar el esclarecimiento de esa barbaridad.
