El nuevo relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Ernesto Vargas Silva, visita desde hoy a República Dominicana en lo que puede definirse como una intervención jurídica en el fuero soberano nacional, a juzgar por la agenda que desarrollaría aquí ese gendarme.
Vargas Silva adelanta que abordaría con autoridades y organizaciones sociales “diversos aspectos de los derechos humanos y las situaciones de maltratos y criminalización de los inmigrantes”, lo que hace pensar que el visitante trae consigo una agenda matizada por el prejuicio.
Consciente de su rol de procónsul, el enviado de la CIDH no repara en confesar que durante su estadía de dos días en Santo Domingo “tenemos que encargarnos de todo lo que tiene que ver con protección de niños que nacen en un país en donde sus padres están en situación irregular frente a leyes migratorias…”
Ese señor también fiscalizará los casos de “mujeres con embarazo que tienen que desplazarse de manera forzada”, así como el “tratamiento desigualitario” que a su muy dignísimo juicio padecen los inmigrantes.
Esa desagradable visita se produce luego que la CIDH incluyera a República Dominicana en el Capítulo, IV que se refiere a los países que violan los derechos humanos de manera sistemática, masiva y grave, un injustificable abuso que fue admitido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Llama la atención que días antes del arribo de los comisionados de la CIDH, entidades no gubernamentales convocaron a una protesta frente al Altar de la Patria con decenas de personas de ascendencia haitiana que escenificaron “un espectáculo artístico y cultural” ante la tumba de los forjadores de la nacionalidad.
No hay razones para conferir la más mínima confianza a las gestiones que realice el nuevo comisionado de derechos humanos para República Dominicana, porque la CIDH ha dado muestra de su intención de agredir y vilipendiar al gentilicio dominicano, así como de su propósito de erigirse por encima del Estado, la Constitución y las leyes nacionales.
Por todo lo antes expuesto se define esa visita como una burda intervención jurídica en el fuero soberano de República Dominicana y, por tanto, su presencia es motivo de desagrado.
