El anuncio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de que el Gobierno no contempla un aumento general de salarios para 2017 tiene un impacto similar al de un martillazo sobre las sienes de los empleados públicos, cuyos ingresos están petrificados desde hace más de 20 años.

Las razones expuestas por el licenciado Isidoro Santana para sustentar esa mala noticia resultan risibles y burlonas, aunque hayan sido dichas con la mayor solemnidad y seriedad.

El funcionario ha dicho que una de las razones por las que no se llevaría a cabo el reajuste salarial, es por la gran cantidad de personas que devengan salarios “extremadamente bajos”, lo que motiva que cualquier pequeña variación afecta cuantitativamente el monto del Presupuesto Nacional.

En la muy excelsa opinión del ministro Santana es imposible aumentar el salario a la mayoría de los empleados públicos, precisamente porque devengan sueldos de miseria, lo que también puede interpretarse que esa gente no tiene otro camino que mendigar o delinquir.

¿Acaso ese ministro ignora que más del 85% de la nómina pública percibe menos de diez mil pesos mensuales y que el quintil menor referido a la canasta familiar supera los 15 mil pesos mensuales?.

El presidente Danilo Medina ha definido como imposible que una familia pueda sobrevivir con los actuales niveles salariales, tanto de nivel público como privado, pero el licenciado Santana cree que precisamente esa es la razón por la que no se puede aumentar.

Tal parece que la misión del ministro de Economía se circunscribe al diseño de un proyecto de Presupuesto “equilibrado” o con “una previsión de déficit fiscal” alineada con el propósito de “estabilidad macroeconómica”, una visión neoliberal propia de un capitalismo salvaje.

La afirmación de que no es posible un aumento de salario en el sector público porque el sistema tributario no lo soporta y porque la mayoría de los servidores perciben salarios extremadamente bajos, es inaceptable, por risible, abusiva y burlona. Ante tal desatino, se requiere la intervención del presidente de la República.