Había que ver lo que ocurría en todo el territorio nacional durante los días previos a las elecciones del año 2016 y el mismo día de las votaciones; había que ver aquello para darse cuenta cómo la gente iba, cómo el “Pueblo Blanco” de Joan Manuel Serrat, camino al cementerio electoral de donde no podría salir ni siquiera “en un vuelo de palomas” para escapar.
Había que ver el dinero del Presupuesto invertido en beneficio de los candidatos del partido oficial ante la mirada indiferente de la Junta Central Electoral que en ningún momento actuó como árbitro, sino como parte interesada en contra de la oposición que debió obtener entre 12 o 14 senadores, decenas de diputados, alcaldes y regidores, pero que la fuerza y el dinero lo impidieron.
Solo en publicidad el Gobierno gastaba más de 18 millones de pesos diarios.
Como dijeron los observadores, el sistema electoral dominicano “colapsó” durante el proceso, proponiendo cambios para que no se produjeran los mismos hechos en futuros comicios.
Y ahora, de sopetón, es la propia JCE, dirigida por otras personas, la que nos presenta un informe técnico que, en cualquier otro país del mundo habría provocado una conmoción social de grandes proporciones, donde establece que los escáneres que se compraron por casi 40 millones de dólares (unos dos mil millones de pesos) y que los pendejos tendremos que pagar, solo sirvieron para legitimar los distintos modelos de fraude que se implementaron para que Danilo Medina ganara la Presidencia y además obtuviera “su Congreso”, como lo reclamó de viva voz.
“Es evidente la improvisación, la falta de control y la carencia de un plan de trabajo integrado a un plan estratégico y al calendario electoral”, dice el informe. Y agrega: “Las recomendaciones técnicas fueron obviadas debido a la constante improvisación y premura del proceso”.
Repito: Había que vivir los días previos a los comicios y el día de las votaciones para ver todos los recursos puestos a disposición de la reelección, no solo del presidente, sino de senadores, diputados y alcaldes. Aquello fue brutal. Todo con la complicidad de la JCE. Se hizo evidente el interés del presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, apoyado por sus dos escuderos en el pleno que le garantizaron el tres a dos (tres votos a favor, dos en contra) de favorecer a los miembros de su partido. (No olvidemos que Rosario, es o era, miembro del Comité Central).
Si leemos los informes de los organismos internaciones, incluyendo el de la OEA y el dominicano, Participación Ciudadana, las elecciones debieron ser anuladas, por lo menos en varias provincias y municipios. Pero la oposición no tenía un plan de contingencia.
