Las propuestas de cambio realizadas por la Junta Monetaria al reglamento de evaluación de activos para fines de flexibilizar el financiamiento, podría convertirse en una forma indirecta del Gobierno agenciarse recursos, de acuerdo con los principales directivos de la Asociación de Industrias (AIRD).
Campos de Moya, presidente y Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, estimaron que ese proceso se daría por el hecho de que la propuesta de la JM, daría calificación “A” en el proceso de obtención de préstamos a los contratistas de obras del Gobierno para la obtención de financiamientos, lo que colocaría a esos préstamos como de “cero” riesgo.
Ese hecho, indicaron, podría ser un mecanismo de financiamiento indirecto del Gobierno, aunque estiman es positivo, debido a que incorpora nuevas figuras, como los fideicomisos.
Los directivos de la AIRD, realizaron sus planteamientos al intervenir ayer como invitados al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, acompañados de Richard Arostegui, vicepresidente de la entidad y Roberto Despradel, asesor de comercio exterior.
La consideración de los directivos de la AIRD se debe a que entienden que en la actual coyuntura, el nivel de endeudamiento del Gobierno es muy alto.
De Moya, que llamó al Gobierno a “empantalonarse” para hacer un uso racional de los recursos que recibe.
Criticó que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que se ha producido un disparo hacia arriba del nivel de la deuda, “primero con fuentes de financiamiento exterior y posteriormente con la banca local, todo para cubrir déficits en el presupuesto de gastos públicos”.
En apoyo a ese planteamiento, Despradel indicó que hoy día, el 60 por ciento de los fondos de pensiones, que ascienden a cerca de 330 mil millones de pesos, están invertidos en deuda pública y apenas del 1% de esos fondos van dirigidos al financiamiento sector privado.
Almanzar clamó porque las Administradoras de Fondos de Pensiones, junto a otras entidades privadas trabajen en la búsqueda de mecanismos que de alguna manera, frenen la concentración de esos recursos en manos del Gobierno.
Dijo que “los fondos de pensiones no están colocados en el sector privado, sino que van al Gobierno a través de los bonos de Hacienda y los títulos del Banco Central.
Lamentó, que esos recursos, que a su parecer, deben servir para financiar el sector privado, estén financiando el presupuesto del Gobierno.
De igual modo, los dirigentes empresariales lamentaron que los recursos adicionales resultantes de la renegociación del contrato con la Barrick Pueblo Viejo, terminaran siendo usados para cubrir gastos corrientes.
Fondos ARL
La Asociación de Industrias, de igual modo, mostró su oposición a que parte de los fondos aportados por los empleadores para los riesgos laborales, administrados por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), adscrita al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que ascienden a 18 mil millones de pesos, sean utilizados para cubrir deudas del sector salud.
Almánzar rechazó una propuesta para destinar 10 mil millones de pesos de esos recursos para ser transferidos al Gobierno.
UN APUNTE
Modificación Ley Aduanas
Campos de Moya citó la adopción de una nueva Ley de Aduanas y el reforzamiento de la Justicia, como uno de los mecanismos que podrían facilitar al sector industrial enfrentar uno de los mayores males que lo agobian, que es el contrabando y falsificación de mercancías, particularmente el ron y los cigarrillos. Aunque atribuyó a los altos impuestos selectivos que tienen éstos ser un estímulo para esa práctica.
