En su libro Granting and Renegotiating Infrastructures Concessions: Doing Right, publicado en el 2004, el economista español José Luis Guasch, funcionario del Banco Mundial, analiza cerca de mil concesiones contractuales otorgadas por gobiernos de América Latina a corporaciones privadas entre el año 1988 y el año 2000, para la inversión y desarrollo de proyectos de servicios de infraestructuras: agua, transporte, sistemas sanitarios, electricidad y telecomunicaciones.
El indicado estudio señala que para el año 2000 el 30% de los contratos había sido renegociado entre el gobierno y los operadores privados (en una publicación posterior se informó que para el 2005 las renegociaciones llegaron al 51%).
El libro también revela que el 61% de las renegociaciones se realizaron por iniciativa de las firmas privadas, el 36% por pedido del gobierno y el resto por interés de ambos.
Posteriormente, en un estudio técnico publicado en el año 2008, escrito por varios economistas chilenos, encabezado por Eduardo Engel, se reportó que de 50 concesiones de infraestructuras otorgadas a empresas privadas entre 1993 y el 2006 en Chile todas habían sido renegociadas un mínimo de tres veces.
Paralelamente a las experiencias citadas, publicaciones de la CEPAL indicaban que durante dicho periodo la inversión extranjera directa en América Latina creció notablemente.
Es decir que, contrario a lo sugerido recientemente por el notable jurista Eduardo Jorge Prats, la renegociación de contratos de concesiones de largo plazo no es necesariamente un espantapájaros de la inversión extranjera, ni significa automáticamente el socavamiento de la seguridad jurídica de las inversiones.
Está claro que lo deseable es que los términos contractuales sean estables y le den certeza a las empresas sobre las proyecciones de sus ingresos; y, por esa razón, el abuso de las renegociaciones podría elevar la percepción de riesgo e incrementar el costo del financiamiento para inversión.
La naturaleza de las actividades contratadas, las debilidades regulatorias y la imposibilidad de anticipar todas las contingencias posibles durante la vigencia de contratos de largo plazo hacen de la renegociación un mecanismo incomodo, pero inevitable, y la Barrick Gold lo sabe.
