Cuando la Barrick Gold y sus socios iniciaron sus inversiones en Pueblo Viejo, se fundamentaron en el comportamiento de los precios internacionales del oro y de la plata durante los últimos 20 años (1986-2006.) previos a la fecha de su llegada al país (2006). Tomando el valor promedio mínimo y el valor promedio máximo de los precios de ese periodo se construye una banda de oscilación de precios, y consecuentemente de posibles ganancias en función de la productividad y eficiencia general de la empresa, la riqueza especifica de la mina y el volumen de producción; no de los precios mismos, porque una mina influye muy poco en el precio internacional de sus minerales.
Entonces, el impuesto planteado recientemente por el presidente Medina solo se aplicaría a las ganancias extraordinarias, a las que estarían por encima de la cota superior de la banda de beneficios esperados, aquellos con los que no contaban (al menos explícitamente) ni la Barrick ni sus socios; las ganancias esperadas no serian tocadas por el nuevo tributo y no habría por tanto ninguna violación a los derechos de la empresa minera, ni tampoco amenaza a la seguridad jurídica de sus inversiones como ha dicho el CONEP.
Algo diferente sería si se afectase o confiscase parte de las ganancias obtenidas por mejoras en la eficiencia de la empresa y la productividad de la mina. Pero ese no es el caso de la Barrick; sus ingresos extras se derivan del auge de la demanda de metales por parte de China y de la India; por la crisis financiera internacional y la volatilidad del valor relativo del euro y el dólar que ha hecho del oro un refugio del gran capital.
En esos hechos la Barrick no ha puesto una gota de influencia, y por eso sus ganancias extraordinarias, inesperadas, les caen del cielo, por lo que los americanos le llaman windfall benefits (beneficios traídos por el viento).
¿Quiénes deberían compartir esas excepcionales ganancias? El dueño de los minerales bendecidos (el Estado) y su socio que los procesa y comercializa (la Barrick).
