El sábado 24 de agosto, más de 20 mil maestros de educación básica agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) invadieron la capital mexicana, bloquearon durante mas de mediodía el acceso al Aeropuerto Internacional de Ciudad México y, finalmente, se dirigieron hacia el Centro Histórico para posarse en la gran plaza del Zócalo y cuadras circundantes.
Esa revuelta magisterial es la respuesta a tres proyectos legislativos que impulsa el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se trata de la nueva Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD).
De aprobarse la LSPD los dirigentes magisteriales, que en la actualidad intervienen en el nombramiento, promoción y traslado de escuelas de los maestros, y la asignación de directores, supervisores y Asesores Técnicos Pedagógicos, pasarían a ser simples observadores de tales procesos. Esas decisiones quedarían como responsabilidad exclusiva del Gobierno.
El proyecto establece que la entrada de nuevos maestros, directores y supervisores se haga por concurso de oposición.
Además, se propone que los maestros y directores d escuelas se sometan a por lo menos una evaluación cada ano y que en caso de reprobar tres evaluaciones consecutivas sus nombramientos podrían ser cancelados sin ninguna responsabilidad para el empleador.
La reforma contempla otras medidas que afectarían la permanencia y estabilidad del empleo del maestro.
Ahora bien, el sindicato ha hecho sus propuestas y se queja de que el Gobierno y los legisladores han despreciado todas sus sugerencias y sus derechos.
Mi visita a México ha coincidido con estos hechos y me ha llamado la atención que se denomine Pacto por México a propuestas que, en el caso de la educación, carecen de consenso mínimo con los maestros.
Las iniciativas de Peña Nieto me parecen bien orientadas, aunque un poco intransigentes, pero la falta de estrategia para su aprobación y aplicación podría estropear su efectividad practica y complicar el clima político- social de México.
Estas experiencias deberían ser examinadas con atención por los responsables de logar un Pacto Educativo en la República Dominicana.
