El candor que el procurador general de la República ha exhibido en la desaparición del afortunado Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) es uno de los principales factores que ha puesto a pensar en una maniobra que no resultó como se había planificado.

Afirmar que siquiera algún fiscal pudo ser engañado en su buena fe, como reconoció Jean Alain Rodríguez, es simplemente meterse más el cuchillo en torno a un caso en que la gente teje toda suerte de conjeturas. Es probable que en este país ni siquiera los chinos de Bonao ignoren que el tan sonado Quirinito es sobrino del controversial comerciante y excapitán del Ejército, Quirino Ernesto Castillo Paulino.

El parentesco, antes que demandar medidas especiales, incluso hasta para evitar algún atentado, parece que se prestó para proporcionarle facilidades. Es lo que explica que después de ser condenado a 30 años de prisión en 2009 por un tribunal de San Cristóbal que lo encontró culpable del asesinato del español Adolfo Cervantes (Waikiki), cuatro años después, en 2013, una corte de Baní le redujera la pena a 20 años de cárcel. Con la última sentencia, como cabe suponer, se encendieron las alarmas, pues con ningún acusado de homicidio, sicariato y narcotráfico se había sido tan consecuente.

Pero todavía hay más. Los “familiares” consiguen que Quirinito, convertido hoy en fantasma, cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, considerado el único recinto que cumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos, vigilancia y seguridad, así como todos los requisitos del sistema progresivo de tratamiento.

A pesar de las condiciones, el recluso no estaba conforme y es entonces cuando un juez de ejecución de la pena le impone prisión domiciliaria, bajo el pretexto de un cáncer, que ha devenido en una coartada para excarcelarlo. Una vez en su residencia se encargaba de su custodia era su esposa Jennifer Stephanie Domínguez, quien le sirvió de garante.

Aunque hacía una vida de lo más normal, desplazándose por todas partes sin problema ninguno, de Quirinito no volvió a saberse hasta que el 5 de julio de este año se certificó su defunción.

En todos los procesos, que no se ejecutarían sin órdenes superiores, se supone que intervienen las autoridades judiciales. Pero cuando comienzan las denuncias de que la muerte había sido una farsa, que no se localizan la tumba, el cadáver ni nada que se certifique el deceso, brotan entonces las frases sonoras, como la de que rodarán las cabezas de los implicados, y otras tan ingenuas como que algún funcionario pudo ser sorprendido en su buena fe.

Lo que se nota es que la secuencia y las propias reacciones comprometen a las autoridades de la peor manera en el caso.