SANTIAGO. El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, y el directivo de Participación Ciudadana Carlos Pimentel, solicitaron a los legisladores aprobar el Proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público, en el entendido de que esa legislación contribuirá a eliminar las distorsiones salariales que hay en las instituciones del Estado, la discrecionalidad y otras acciones negativas.
Aunque Ventura Camejo y Pimentel admitieron que ese proyecto lesiona ciertos intereses, pero consideran que la pieza legislativa es vital para el mejoramiento de la transparencia en la administración pública.
El ministro de Administración Pública (MAP) indicó que no se justifica que el Presidente de la República gane un salario de 90 mil pesos mensuales, mientras que otros funcionarios devengan sueldos muy superiores.
Otra distorsión que resaltó Ventura Camejo es que en el país hay funcionarios que tienen la mayor jerarquía en los puestos y ganan menos que algunos subalternos.
Dijo que reconoce que hay áreas técnicas en el Estado donde los salarios tienen diferencias, resaltando que en el Proyecto de Ley se prohíbe que funcionarios del gobierno reciban pagos extras para transporte y otros gastos que son cubiertos por las instituciones mediante sus presupuestos correspondientes.
Ventura Camejo y Carlos Pimentel hablaron en el desarrollo de un encuentro que en el Hotel Aloha Sol, con los auspicios de la Unión Europea, Oxfam y la Fundación Solidaridad.
Fue organizado por el MAP y Participación Ciudadana, que forman parte de la Mesa de Expertos. Analizaron la propuesta: Por una Política Salarial en la Administración Pública.
UN APUNTE
Afectará intereses
Ventura Camejo afirmó que con la ley de salarios se busca corregir distorsiones existentes en la administración pública, como es el caso de que muchos funcionarios ganan más que el Presidente de la República o que un subalterno tenga un salario mayor que su jefe inmediato, por lo que serán afectados intereses.
