VILLA ALTAGRACIA.- El sometimiento a la justicia del síndico Pedro Peralta, y tres de sus colaboradores, no ha repercutido con intensidad en la sociedad civil, debido a que era algo esperado al igual que su apresamiento por la alegada malversación de 112 millones de los fondos del cabildo.
Desde ayer, cuando el titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), informó el sometimiento a la justicia de Peralta, del tesorero Franklin Vargas, de Mercedes de la Rosa y de Manuel de Jesús Ramírez, ningunas de las personas mencionadas han localizadas para ser cuestionada sobre la medida aplicada.
La DPCA instrumentó un sometimiento por prevaricación, desfalco, falsedad en escritura pública, estafa agravada, asociación de malhechores y lavado de activos.
