Bogotá. EFE. La inmensa mayoría de los dominicanos que actualmente cotiza no recibirá una pensión por no contar con el número de cotizaciones requeridas por lo que se reclama modificar la Ley de Seguridad Social promulgada en 2001, de acuerdo con un estudio dado a conocer hoy en Bogotá, Colombia.
El documento establece que la población envejece en Latinoamérica sin haberse garantizado la cobertura universal a la pensión debido a reglas que han limitado el ahorro y la informalidad laboral que arrastra a millones de personas a la incertidumbre.
“Nos enfrentamos a retos estructurales como el rápido envejecimiento de nuestros países, lo que limitará los recursos disponibles para pagar pensiones”, advirtió a Efe el director de Estudios Económicos de la entidad gremial colombiana Asofondos, Jorge Llano.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y sus 2.219.784 habitantes mayores de 60 años representan el 19,8 % de la población.
Un total de 1.676.988 cubanos tienen una pensión media de 276,94 pesos (algo más de 11 dólares) que sufraga el Estado pues no existen planes privados.
Una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares, en parte, provocará que los exempleados públicos puertorriqueños afronten una reducción en sus pensiones que rondará el 10 % en el 2020.
Llano explica que “los sistemas pensionales más sólidos son aquellos que cuentan con el ahorro suficiente para respaldar sus obligaciones futuras” y lo más débiles aquellos que “deben recurrir a cambios paramétricos muy fuertes para mantener el equilibrio”.
Algunos casos destacados en América son Canadá o Chile que tienen ahorros pensionales equivalentes al 157 % y al 70 % del PIB, respectivamente.
Pero el 90,75 % de los jubilados chilenos del sistema privado recibe pensiones inferiores a unos 233 dólares, la mitad del sueldo mínimo, lo que ha originado protestas.
Y aunque países como EE.UU. cuentan con importantes ahorros pensionales (cerca del 133 % del PIB), también tienen problemas para financiar la jubilación de sus empleados públicos.
Los estadounidenses contribuyen a un programa de jubilación mediante el pago de un impuesto que equivale al 15,3 % del salario.
