Cuando Félix W. Bernardino tenía 11 años, Rafael L. Trujillo era mayordomo de las colonias de caña de su padre Álvaro Bernardino y de su tío Eliseo, en las secciones El Cabresto y Las Caobas, de Guerra. De estas colonias se retiró Trujillo para aceptar el cargo de jefe de guardias campestres del central azucarero Boca Chica, cargo al que renunció para ingresar al Ejército Nacional. Quizás por esta razón tanto Félix como su hermana Minerva hacían vistosos alardes sobre su añeja amistad con el dictador.

A mediados de 1954, Luis, hermano de los Bernardino, siendo cónsul en Londres se enfrentó en una pelea con el agregado militar de la embajada, Octavio de la Maza (Tavito), pereciendo el primero en un hospital de la nación europea. Los hermanos Félix y Minerva hicieron juramento público de que cobrarían la muerte de su pariente.

Seis años después del trágico incidente en la embajada en Londres, Antonio de la Maza, hermano de Tavito, encabezaba el complot que terminó con el asesinato de Trujillo.

Después de múltiples indagaciones sobre el origen y motivaciones del incidente en que murió Luis, Tavito fue llamado a Santo Domingo, donde vivió momentos tormentosos debido a la persecución de los amigos del régimen trujillista. En fin, 30 meses después de la tragedia, apareció asesinado en el Palacio de la Policía, y el cadáver tirado en la puerta de su casa, en el sector Gascue, donde llamaron a su esposa, doña Maruja Rúa, y al pequeño hijo de ambos, el hoy doctor Octavio de la Maza Rúa, actualmente subdirector de Ganadería.

En sus andanzas por el continente, en operaciones muy específicas señaladas por el dictador, Félix Bernardino había participado en el asesinato en Nueva York del periodista Andrés Requena; en la desaparición en Cuba del líder obrero Mauricio Báez; en el secuestro y posterior asesinato del escritor Jesús de Galíndez, autor de la obra La Era de Trujillo, donde se cuestiona la paternidad del dictador sobre su hijo Ramfis, y la muerte, también en Cuba, del exiliado antitrujillista Manuel de Jesús Hernández Santana (Pipi).

Con un rosario de crímenes, abusos de confianza, fechorías y otras diabluras, el personaje de Trujillo se traslada a la zona de Higüey, donde tenía su casa-residencia, que compartía con su esposa, Celeste, en la sección El Pintado en la carretera Mella, próximo al cruce de Pavón.

Desaparecido el dictador Trujillo, Félix W. fue reclamado por la justicia y sometido por la comisión de crímenes y por asociación de malhechores, guardando prisión en la cárcel de La Victoria.

En una visita del Fiscal Nacional, llamado también el fiscal del pueblo, doctor Rafael Valera Benítez, se le acercaron algunos antiguos servidores de la dictadura, quienes se agolparon al funcionario indagando su situación presente y futura.

Al pasar por la celda que ocupaba Bernardino y al notar que éste no salía a saludarle, Valera Benítez se detuvo y le dijo: Mira quie es. Este se cree que Trujillo está vivo todavía, a lo cual Félix W. Bernardino respondió: Trujillo, no, mi generalísimo. El fiscal reaccionó airado y dijo a su comitiva: Vámonos que este hombre está loco. Bernardino, en cambio, le espetó:

Es mi generalísimo, el mismo a quien usted (Valera Benítez) le escribía pidiéndole ayuda para sus libros.

Mes y medio después de instalado el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el primero de julio de 1966, la Corte de Apelación de Santo Domingo, en funciones de Tribunal de Confiscaciones, dispuso la devolución de los bienes pertenecientes a Bernardino, particularmente su hacienda de El Pintado. En términos similares se expresó el secretario de Finazas de la época.

A mediados de 1972, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo recibió instrucciones para que parte de la deuda que tiene pendiente el Estado con el licenciado Félix W. Bernardino, por concepto de confiscaciones de bienes, sea aplicada a la deuda que tiene con la Dirección General del Impuesto sobre la Renta. Mientras, el doctor José Sixto Ginebra, secretario sin cartera, recibió instrucciones de analizar otra solicitud del sicario trujillista para que se le condonara el compromiso económico por impuestos sobre beneficios.

Y a principios de enero de 1968, el secretario administrativo de la Presidencia, doctor José A. Quezada, refiere al presidente Balaguer una solicitud de audiencia del obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Juan F. Pepén, para tratar sobre un hecho de sangre en el que perdió la vida un empleado de la sucesión Giraldi, hecho que se imputaba a trabajadores al servicio de Bernardino.