José Alejandro Vargas
Un chino acusado de encabezar en el país una red internacional dedicada a estafar y naturalizar taiwaneses y rusos, muchos con antecedentes penales, fue enviado ayer a la cárcel de La Victoria a cumplir seis meses de prisión preventiva.
El juez José Alejandro Vargas impuso la medida de coerción a Ming Hsieng Huang Huang, acusado de operar desde el país de manera clandestina varios “call centers” (centros de llamadas), para entrar al país de forma ilegal a taiwaneses, muchos con antecedentes penales.
En el allanamiento practicado a la residencia de Huang Huang se ocuparon pasaportes falsificados, sellos gomígrafos de varias instituciones y más de cien teléfonos, que según el Ministerio Público utilizaba para cometer las acciones fraudulentas.
Según la acusación, el imputado cobraba para conseguirles visas y pasaportes a taiwaneses que luego viajaban a Estados Unidos. La fiscal antilavado Surely Jáquez solicitó al tribunal imponer prisión preventiva al imputado, acusado de coordinar la banda integrada por otros chinos que fueron apresados y entregados a las autoridades de su país. Al imputado le encontraron una cuenta en Estados Unidos, con un balance de 2 millones de dólares.
El Ministerio Público informó que se continuará la investigación para determinar las ramificaciones de la red en el país.
En las pesquisas por el Ministerio Público y la Policía en la residencia del imputado ubicada en una torre de la calle Ángel María Liz, sector Mirador Norte, Distrito Nacional, fueron ocupados 26 sellos gomígrafos de diferentes instituciones públicas, entre éstas la Dirección General de Pasaportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Impuestos Internos, Dirección General de Migración, de la directora general de Pasaportes y de la encargada del Departamento de Legalización del Departamento Consular y del señor Héctor Galván, embajador Pleinipotenciario del país en Sur Corea, del Archivo General de la Policía y de la Procuraduría General de la República.
La investigación del organismo antilavado de activos determinó que el imputado había comprado una casa en el sector Los Ríos a nombre de una mujer, donde operaba uno de los dos “call centers” y que alquiló para esos fines, otra en Arroyo Hondo, por la que pagaba cinco mil dólares de alquiler mensual.
Al encartado por estafa, lavado de activos y falsificación y tráfico de personas se les ocuparon más de 50 expedientes de chinos que nacionalizó.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiemiento del Terrorismo recibió el día 7 de julio de este año una solicitud de asistencia del Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y del Ministerio de Justicia de Taiwán, en virtud del principio reciprocidad.
