Editorial

Difícil de creer

Difícil de creer

Fuera de los límites de este territorio insular, difícil sería creer el insólito caso de que las clínicas privadas remitirán a hospitales públicos los pacientes accidentados que lleguen a sus emergencias, aunque estén inscriptos en  el Seguro Familiar de Salud (SFS).

La Asociación de Clínicas ha advertido que a partir del primero de enero,  cualquier herido o lesionado por colisión de vehículos, perteneciente al régimen contributivo de la seguridad social, será estabilizado y enviado a un centro de asistencia pública.

Ocurre que con el primer día del año vence la cobertura que dan las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARS) a lesionados en accidentes de tránsito, porque el Gobierno dejará de pagar RD$12.50 por afiliado, equivalente a 25 millones de pesos mensuales.

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, doctor Fernando Caamaño, dice que en lo adelante corresponderá a las aseguradoras de vehículos incluir en sus pólizas la cobertura de asistencia médica a los lesionados.

Las autoridades reflejan crasa ignorancia respecto a un asunto tan delicado como el de dejar desprotegidos de golpe y porrazo a los ciudadanos que sufran accidentes de tránsito, quienes serán despachados o no recibidos en las emergencias privadas.

El vicepresidente Rafael Alburquerque, a cargo de los programas de Seguridad Social, ha señalado que el “Gobierno no tiene que seguir pagando 25 millones  para esa cobertura”, con lo que se elude  cumplir con la sagrada obligación de preservar o garantizar la vida, aun en situaciones difíciles.

Tal parece que  la ciudadanía que cotiza en el mentado Seguro Familiar de Salud no tiene quien le escriba, pues todas las negociaciones entre intervinientes en ese régimen de la seguridad social concluyen en acuerdos que perjudican o limitan más de la cuenta las ofertas de servicios básicos de salud.

Resulta absolutamente inaceptable que Gobierno, clínicas y ARS dejen a la voluntad de Dios un asunto tan serio como la prestación de emergencia y hospitalización a heridos en accidentes de tránsito. Hasta ahí no se debería llegar.

Ni los 25 millones en ahorro que  proclama el vicepresidente, la manifiesta indolencia de clínicas privadas ni la olímpica ignorancia de autoridades respecto a este drama, alcanzan para compensar la situación de tragedia que se derivaría de la carencia de asistencia a accidentados en las emergencias privadas. Así no.

El Nacional

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