Las Fuerzas Armadas Dominicanas vuelven nuevamente a reforzar a la Policía Nacional para en operativos conjuntos, en toda la geografía nacional, pretender enfrentar a la delincuencia y a la criminalidad, cuyos niveles alarman a la población. Pero ¿cuántas veces en el pasado no se han hecho esos patrullajes mixtos? ¿Y resolvieron el problema? No se resuelve de esa manera, aunque hay que admitir que logran circunstancialmente bajar los índices de violencia en las calles.
Como es un imposible mantener permanentemente las ciudades militarizadas, como si estuviéramos en estado de guerra, una vez los militares retornan a los cuarteles reaparecen por sus fueros las bandas delincuenciales a poner en zozobra a la ciudadanía, lo que revela ausencia de políticas eficaces en el enfrentamiento del flagelo, pues nunca se han ido directamente a sus raíces o causas.
Podría decir —sin ser sociólogo ni especialista en la materia— que la desigualdad social, el desempleo, la transculturación, el consumismo, la pérdida de moral y buenas costumbres, el afán de lucro, el narcotráfico y la impunidad, son aspectos que juegan un rol importante en el auge de la criminalidad. Y de todos, la impunidad es básica, porque no hay sanciones para funcionarios civiles y militares involucrados hasta la coronilla en actividades ilícitas causantes de la situación que vivimos.
Pese a ello, ¿hay algún ministro, coronel o general preso? Ninguno. Encubrimiento total de los delincuentes de “cuellos blancos”, conocidos muy bien por los funcionarios civiles y militares que recientemente realizaron una conferencia de prensa para anunciar otro plan (¿Cuántos van?) para “acabar” con la desesperante delincuencia.
Es que no puede haber ningún combate a la delincuencia, cuando el grueso de los actos de violencia sale de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La propia fiscal del Distrito —con carita de adolescente— dijo responsablemente que de cada diez hechos criminales en ocho hay miembros de los organismos que están supuestos a poner el orden público.
No hay ninguna voluntad para el combate a la criminalidad. Los funcionarios civiles y militares, protegidos con sus respectivas familias, están deshumanizados.
