Opinión

Poder y delincuencia

Poder y delincuencia

Mucho se ha hablado de la delincuencia política reinante. Tanto que hay quienes, ocultando otras modalidades, han pretendido presentarla como única; esforzándose además en excluir a los Presidentes, presentándolos como tipos “buenos” rodeados de “malandrines”.

Al paso de los años –y sobre todo al desatarse estas estelares luchas contra la impunidad – la verdad brota descubriendo que el poder establecido, todas sus vertientes dominantes (política, empresarial, militar, policial y transnacional), se han convertido en un poder delincuente con fuertes características de narco-poder; cuyas cúpulas, mientras más elevadas sean sus funciones, mayores sus responsabilidades delictivas en cuanto a acumulación de poder ilegítimo y fortunas escandalosas; fortunas que a su vez sirven para garantizarles preeminencia en el marco de esta gansterización del Estado, del sistema capitalista y sectores de la sociedad.

En estos días la talentosa periodista Minerva Isa ha publicado en el periódico Hoy una serie de trabajos, especialmente uno sobre la delincuencia empresarial y otro sobre la narco-delincuencia, que constituyen un compendio demostrativo de la amalgama entrelazada de las expresiones de delincuencia ejercidas, recicladas y protegidas desde instancias de poder.

En estos días también la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional ha dictado una sentencia para proteger la estafa de Antena Latina, la cual muestra a la delincuencia empresarial (criolla y extranjera) abrazada a la delincuencia política y judicial para despojar a la sociedad de un valioso patrimonio.

Por demás, espoleado por el estallido de la podredumbre Odebrech y asociados, el cúmulo de fechorías que combinan esas y otras de delincuencias, resuenan ahora mucho más que en el pasado; potenciando la insubordinación popular-nacional en ejemplares marchas verdes contra la impunidad , las cuales no reciben respuestas satisfactorias desde las alturas del Gobierno.
Es claro, pues, que desde este poder constituido, convertido en poder delincuente, no emanaran soluciones a esta confrontación en desarrollo.

Esta institucionalidad hermética, controlada por esa amalgama delictiva, articulada para garantizarles impunidad a sus protagonistas y beneficiarios, carece de vías para hacer justicia e implementar reformas que detengan su putrefacción. Por eso cada día lo más negativo se empeora y el caos progresa.

Para ponerle fin a la impunidad será necesario anular ese poder, convirtiendo en contrapoder al pueblo movilizado en pro de su reemplazo.

Es obligatorio, entonces, forzar desde las calles a su desplome político, para dar inicio a una transición que abra cauces a un poder constituyente que recree las instituciones y el proyecto democrático.

El Nacional

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