El espectáculo de tristeza, impotencia y desolación que viven los parientes de un fallecido en cualquier cementerio público de este país al momento de depositarlo en su última casa, ha debido levantar la conciencia nacional y librar una cruzada para que la autoridad se imponga en esos lugares sacros.

Me refiero al momento más terrible que tiene que presenciar un ser humano cuando por consentimiento general de los deudos es necesario despedazar los ataúdes a martillazos para evitar que los delincuentes que se refugian en los camposantos profanen las tumbas para robar las cajas.

Esos instantes han dado lugar a desmayos de concurrentes a un entierro, quienes no entienden por qué el ataúd de su pariente tiene que ser prácticamente destruido, lo cual no sólo aumenta el dolor de quienes han perdido a un familiar, sino que sobrecoge a aquellas personas que todavía tienen algún grado de sensibilidad.

Se ha determinado que en el cementerios de la avenida Máximo Gómez y en el Cristo Redentor, es donde más profanaciones suceden, y, por vía de consecuencia, donde también hay que deshacerse de los sentimientos humanos y destruir los ataúdes.

Y lo peor es que las autoridades municipales y la Policía Nacional lo saben y poco hacen para revertir esta situación, que habla muy mal de nuestros sentimientos.