No se ha hecho esperar, como cabía suponer, el primer brote sobre el conflicto que plantea el desalojo anunciado por el Gobierno de 1,400 familias de La Ciénaga y Los Guandules como parte del proyecto de saneamiento de los dos barrios localizados en la margen del río Ozama.
Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) han cuestionado que la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (Urbe) no tomara en cuenta a las entidades que inciden en los sectores a la hora de anunciar el proyecto. David Arbona y Nicanor Soriano advirtieron sobre las dudas, división, incertidumbre y confusión que generará la decisión que definieron de unilateral sobre los desalojos en los sectores marginados.
Por la experiencia acumulada por sus trabajos en los sectores cuesta entender, siempre que sea como alegan, que no se les haya tomado en cuenta en un proyecto de tanto impacto social. Se ha criticado la supuesta ausencia de los representantes de Urbe de la mesa de negociación que se creó en Domingo Savio para analizar el proceso de transformación del sector.
Es claro que un proyecto como el que se propone el Gobierno requiere del concurso y no la exclusión de todas las entidades que inciden en las zonas que serán intervenidas. Aunque a las autoridades no les guste. La realidad es que nada se pierde en una discusión con entidades cuyos aportes al desarrollo o la mejoría de las condiciones de vida de los residentes en los barrios son tangibles.
