Dominicanos comenzaron a pagar por la electricidad desde agosto de 1925



A principios del año 1925, un grupo de inversionistas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica anunció el propósito de constituir una compañía cuyo capital se destinaría a producir energía eléctrica “para Santo Domingo”. Por extensión, se proponían también extender el servicio o generar en San Pedro de Macorís.

Hacia ese año, primer cuarto del siglo XX, la ciudad oriental constituía una importante arteria industrial y comercial.

Los inversionistas se dirigieron al Ayuntamiento de Santo Domingo, del cual obtuvieron una Resolución autorizándolos a producir, distribuir y vender energía eléctrica. El compromiso era tener todo listo hacia el término del año, diciembre de 1925.

Sin embargo, con la Resolución del cabildo en las manos, trabajaron contra el reloj y dieron una sorpresa. En varias ediciones de días diferentes del periódico “Listín Diario”, del mes de julio, la empresa puso el siguiente anuncio:

“Compañía Eléctrica de Santo Domingo. Nos complacemos en avisar al público, que habiéndose concluido la instalación de la nueva turbina de 500 kilovatios, estaremos en condiciones de poder complacer, a partir de 1 de agosto próximo, a todas las personas interesadas en nuestro servicio de corriente eléctrica.
J. B. Pittaluga, administrador”.

No era la primera vez que el cabildo de Santo Domingo incursionaba en el campo de la electricidad. A la Compañía Eléctrica de Santo Domingo la autorizó a operar como empresa privada.

Pero en 1893 fue propietario de una planta generadora cuyo historial llegó hasta los días de los presidentes de la República post invasión estadounidense de 1916, Juan Bautista Vicini Burgos y Horacio Vásquez.
Esta vieja historia comenzó con la autorización del presidente Ulises Heureaux (Lilís), para que el Ayuntamiento de la capital operase, como propietario, de una planta eléctrica.

El Congreso Nacional votó una Resolución que otorgaba facultad al gobierno local para adquirir y operar una máquina generadora de electricidad.

Lilís aprobó la Resolución el 4 de julio de 1893. La misma otorgó poderes al Ayuntamiento para emitir bonos al 6% de interés anual.

Comprado el generador, se pudo determinar que su capacidad no era tan amplia como para dar iluminación a las calles de la capital. Debido a que los tenedores de bonos eran principalmente los consignatarios de buques, Lilís determinó concentrar el servicio de la planta en el muelle de Santo Domingo.

El pago del servicio de luz por parte de los buques, empero, no cubría los costos de operación y el Ayuntamiento sufragaba sus gastos mensuales, tanto por su mantenimiento como por su operación.

La crisis resultante condujo al cabildo a convertir la planta eléctrica en un provento, autorizado por el Poder Ejecutivo el 28 de junio de 1893. Con el llamado a licitación del provento, resultó ganador José Lluberes, quien se colocó al frente de sus operaciones administrativas y mecánicas.

De él llegó a decir años después Luis Eduardo Bourget, en una historia del muelle capitolino, que la entrega de Lluberes al sostenimiento y operación de esta planta y sus servicios al muelle fue tan denodada, que en algún momento debía ofrecérsele un reconocimiento (que nunca se ha hecho), tal vez levantándole una estatua.

La historia de esta planta es similar al de los actuales sistemas -públicos y público-privados-, de generación eléctrica y administración. Al llegar Lluberes como propietario del provento, ajustó los precios de venta a sus costos.

Debido a que los tenedores de bonos eran, en su mayor parte consignatarios, reclamaron un aumento de los réditos de su inversión.

El Ayuntamiento aprobó intereses del 1.5% mensual, lo cual elevó del 6 al 18% la ganancia de los bonos. El Presidente Lilís aprobó este aumento y el consecuente cambio de la resolución municipal el 24 de abril de 1896.

Pero todavía los pagos de los buques no cubrían el costo de operaciones de la planta. Lilís buscó una solución votando mediantedecreto del 12 de junio 1896 el llamado “impuesto para el alumbrado de la ría Ozama”.

Este decreto fue anulado por la orden ejecutiva #35 del 23 de febrero de 1917, del capitán H. S. Knapp. El presidente Vicini Burgos restableció este impuesto el 23 de mayo de 1923.

Otros inversionistas, después de la experiencia del gobierno local -entre ellos don Santiago Michelena-, buscaron incursionar en el negocio de la luz. Lo mismo que muchos ayuntamientos. Pero de ello escribiré luego.