Opinión

Drama del tránsito

Drama del tránsito

Las estadísticas sobre accidentes de tránsito en República Dominicana son escalofriantes, al reportarse un percance automovilístico cada cinco minutos durante la semana pasada en el Gran Santo Domingo, lo que equivale a 12 accidentes por hora, 288 al día y 2,024 durante el período señalado, la mayoría con saldos de muertos y heridos.

El Sistema de Atención de Emergencia 911 ha señalado que en siete de cada diez accidentes hubo motociclistas involucrados, imputados además de violar la señal roja o de conducir con temeridad.

Se sabe que los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en el país y que el año pasado unos tres mil motoristas murieron a causa de colisión o deslizamiento de sus vehículos, al conducir sin el casco protector.

República Dominicana ocupa el primer lugar en América Latina y el segundo en el mundo en números porcentuales de decesos a causa de accidentes viales, con una tasa anual de 29.3 muertes por cada cien mil habitante, ominosa señal del desorden o caos que prevalece en calles, avenidas, carreteras y autopistas.

La Autoridad Metropolitana de Transporte no da abasto para fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de choferes, conductores y motociclistas que han convertido la vía pública en una selva donde la vida no vale nada.

Aquí no se respeta ninguna señal o regulación vial porque cada quien se cree dueño del asfaltado y de la vida de los demás, incluidos peatones que al pretender cruzar las calles encuentran la muerte impactados por un carro, motor, minibús o camión conducido de manera temeraria.

En un esfuerzo por disminuir la dramática incidencia de muertes por accidentes de tránsito, el Gobierno anunció una campaña de educación dirigida a choferes y motociclistas, sin que todavía se identifique una fórmula para hacer entender que el cumplimiento de la ley salva vida o evita mutilaciones.

Además de esa campaña cívica, se requiere que las autoridades impongan orden y respeto en la vía publica, mediante la imposición de multas o sometimiento a la justicia de todos los violadores de la ley de tránsito, sin importar si manejan una motocicleta, una patana, un vehículo privado o del transporte público.

El Nacional

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