Inclusión y accesibilidad.-
República Dominicana no podría alcanzar anhelados estándares de equidad sin aplicar o promover códigos, leyes y ordenanzas que garanticen la inclusión y accesibilidad de sus ciudadanos a todas las fuentes de oportunidades sociales, políticas y laborales.
No se hable de civilidad en una nación donde más de un millón de personas con algún tipo de discapacidad no pueden acceder a un empleo en los sectores público y privado, además de sufrir otras formas de discriminación social.
Es letra muerta la ley 5-13 que establece la prevalencia de una cuota laboral en favor de personas con tipos de discapacidad física, equivalente al 2% de las plazas disponibles en el ámbito privado y de un 5% en el sector público.
A causa de esa cruenta discriminación, el desempleo es particularmente alto en ese segmento de la sociedad integrado por aproximadamente un millón 200 mil personas, cuyos derechos esenciales son violados de manera sistemática.
Esa ley dispone fluida participación laboral en entornos inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad para los ciudadanos con algún tipo de discapacidad, pero la carencia de voluntad política del Gobierno y la indiferencia del sector empleador privado impiden su cabal cumplimiento.
A ese segmento poblacional se le niega también el derecho a libre accesibilidad porque se le impide o se crean dificultades generalmente infranqueables para que puedan transitar por aceras, calles o avenidas o ingresar a edificios públicos y privados.
Al celebrarse hoy el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, duele decir que la sociedad dominicana posee un perfil sociológico y arquitectónico hostil contra esos ciudadanos que hoy reclaman inclusión y accesibilidad, como ordena la Constitución de la República y dispone la ley.
Lo que se reclama es que Gobierno y sector privado cumplan cabalmente con la cuota de ley de garantía de oportunidades laborales y que el Ministerio de Obras Públicas y los ayuntamientos exijan que todas las edificaciones posean áreas hábiles de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad.
