La Junta Central Electoral (JCE) ha convocado para este miércoles a una audiencia a los partidos políticos reconocidos para tratar lo relacionado con el proyecto de ley de partidos, en un esfuerzo por evitar que concluya la legislatura sin la aprobación de ese estatuto.
Lo peor que puede sucederle al sistema de partidos y al clima de gobernanza es que la JCE pierda o sea despojada de su rol de árbitro de las elecciones y tutelar del derecho ciudadano a elegir y ser elegido.
La audiencia convocada por la JCE no puede ni debe ser una extensión de la crisis y anarquía que han prevalecido en el escenario congresual y en litorales de la clase política.
Aunque ha trascendido que legisladores de las tendencias del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández habrían arribado a un acuerdo para la aprobación de esa ley, corresponde a la JCE ejercer su papel de ente conciliador para que ese estatuto regulatorio no perezca.
Lo mismo ocurre con su irrenunciable potestad de regular conforme a la ley del calendario de campaña electoral, en condiciones de equidad e igualdad para todas las organizaciones partidarias.
Casi dos años antes de la fecha de votaciones, el partido oficial adelantó una áspera labor proselitista que en términos publicitarios refleja distintos matices de una crisis interna que su liderazgo debería ayudar a desactivar, sin lesionar prerrogativas que la ley asigna a la JCE.
En la audiencia del miércoles, los partidos políticos deberían recobrar compostura, aceptar y promover el papel de árbitro y rector de la Junta Central, consensuar la aprobación de la Ley de Partidos y ceñirse de manera irrestricta al calendario electoral que fije el organismo.
La sociedad ha dado muestras de exasperación y cansancio ante el repetitivo circo de crisis y pugnas instalado por los partidos, donde utilizan a la gobernanza y a la democracia como carne de cañón. Lo mejor sería que el liderazgo político marche el miércoles en procesión para confesarse ante la JCE.
