Con la sentencia del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que impone garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida contra el imputado Bernardo Castellanos De Moya, se completa el expediente de acusación contra 14 personas por el caso Odebrecht.
El Ministerio Público dispone ahora de ocho meses para presentar ante un juez de lo preliminar el fardo probatorio con lo que intentará promover un juicio de fondo contra esos y otros posibles encartados por la imputación de soborno.
Contra dos de los imputados la Sala Penal de la SCJ mantuvo la prisión como medida de coerción, otros tres bajo la modalidad de prisión domiciliaria y contra los ocho restantes, la libertad bajo prestación de fianza.
Ministerio Público y Orden Judicial están compelidos a presentar, conocer y sancionar un expediente sostenido en pruebas o evidencias de cargo o descargo, libre de prejuicios e indisolublemente asociado con el debido proceso.
A la imputación inicial presentada por la Procuraduría General se le señala la alegada debilidad de que solo presenta conexión con delaciones hechas ante instancias judiciales de Brasil por otros encartados en el expediente Odebrecht, sin que todavía afloren elementos probatorios de naturaleza doméstica.
Es por eso que se aboga para que ningún sector político, corporativo o de cualquier otra naturaleza, intente ejercer presiones o distorsiones en el proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, del que también se reclama imparcialidad, prudencia, eficiencia y respeto a los derechos de los encartados.
La Constitución de la República establece la presunción de inocencia, por lo que los 14 imputados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de ventajas o privilegios en la adjudicación y licitación de obras públicas, se acogen a ese precepto sustantivo.
Con el imputado 14 se cierra un primer ciclo en un proceso histórico sobre cuyas incidencias la sociedad dominicana está muy pendiente, consciente de que de su desenlace depende la propia integridad de la Justicia y de la institucionalidad.
