El 62.9% de las muertes por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas, ominosa estadística que refleja la gravedad de un drama que representa también para el Estado un costo de miles de millones de pesos en atenciones médicas a accidentados.
Las 400 camas disponibles en los tres principales hospitales traumatológicos no dan abasto para atender a tantos pacientes que son llevados a sus emergencias con traumas y heridas sufridas en cotidianos accidentes en los que se involucran motoconchistas, mensajeros, deliveries o propietarios de motocicletas.
Por las calles y carreteras circulan dos millones 600 mil motocicletas, la mayoría sin placa ni matrícula y sus conductores sin el correspondiente casco protector, lo que convierte a ese sector del transporte en altamente vulnerable y el de mayor incidencia en colisiones de tránsito.
Gobierno y propios afectados deberían ofrecer el mayor respaldo a los esfuerzos que encamina el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para diseñar y aplicar un plan de seguridad que ayude a reducir el número de muertes a causa de accidentes de tránsito.
El Estado destina unos 70 mil millones de pesos anuales a la atención de afectados por colisiones entre vehículos, equivalente a más de 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que puede decirse que, además de tragedias recurrentes, la elevada incidencia de accidentes de tránsito constituye un serio problema económico.
Además del amplio programa educativo que se proyecta difundir para crear conciencia entre motociclistas y conductores sobre la necesidad de cumplir con las regulaciones de tránsito, se requiere que la Autoridad Metropolitana de Tránsito (AMET) aplique la ley contra cualquier infractor sin distinción de rango político o social.
Se define como escalofriante el dato referido a que de cada cien muertes por accidentes de tránsito, 63 corresponden a conductores o pasajeros de motocicletas, como también se considera inaceptable que las autoridades permitan carreras de motos o de autos en avenidas y autopistas.
Ese plan de reducción de muertes por colisiones de tránsito, que encamina la directora del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, debería estar acompañado en todo momento por la actitud resuelta de las autoridades de imponer multas o someter a la justicia a los conductores, choferes o motociclistas que infrinjan la ley.
