El fortalecimiento o la debilidad de la democracia dominicana penden mucho del desenlace que tendrá el expediente Odebrecht y el proyecto de ley de partidos, que figuran entre los retos más trascendentes que afrontan hoy el liderazgo político y los poderes del Estado.
Al Congreso de la República le corresponde convertir en ley una moribunda iniciativa legislativa que tendría por misión rescatar la extraviada credibilidad de las formaciones partidarias y transformar su rol en el de transparente sostén del sistema político.
El Poder Judicial tiene el compromiso de ofrecerle a la sociedad, mediante sentencias prístinas y absolutamente apegadas al derecho, la seguridad de que la Diosa Temis no sería de nuevo secuestrada y que los jueces dispondrán de plena independencia para poder iluminar en su sacerdocio de administrar justicia.
La mayor responsabilidad en garantizar un mejor destino a la democracia y orden jurídico nacional se le asigna al Poder Ejecutivo, que solo debe alejar su espada de los cuellos de los otros poderes públicos y permitir así que la institucionalidad se consolide en el libre albedrío que le ofrece la Constitución de la República.
Un futuro aciago le espera a la democracia e institucionalidad de la nación, si por designio de intereses espurios, perece el proyecto de ley de partidos, o si de nuevo se ata a la Justicia de pies y manos para impedir que los jueces juzguen y se pronuncien sobre el escándalo de Odebrecht sin órdenes ajenas ni temor propio, sino con apego a la ley.
Un logro
República Dominicana ha ingresado por la puerta grande al escenario de relevancia mundial, al ser elegida por voto abrumador de la comunidad internacional como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Se trata de un logro que ha de redimensionar la imagen del gentilicio nacional severamente vapuleada por sucesivas campañas de descrédito motorizadas por metrópolis imperiales
El ingreso del país al Consejo de Seguridad de la ONU ha sido el resultado de una estrategia diplomática encaminada por la Cancillería y, sin dudas, un triunfo que se atribuye al Gobierno del presidente Danilo Medina.
