La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (Dida) ha revelado que rechazar pacientes o rebotarlos a otros centros médicos figura entre las principales quejas presentadas por usuarios del Seguro Nacional de Salud, una mala práctica que ha sido causa de muchas muertes.
Los familiares del periodista Carlos Acevedo, fallecido a causa de un accidente cerebral, denunciaron que una clínica de Puerto Plata exigió el pago de cien mil pesos como condición para prestarle asistencia médica por lo que fue llevado a un hospital de Santiago, donde expiró.
En los tribunales se ventila una demanda de familiares del exguerrillero Claudio Caamaño contra clínicas privadas porque supuestamente lo rebotaron a otros centros sin previamente estabilizar su cuadro de salud después de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito.
La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, afirma que en esa institución se reciben denuncias similares por diferentes vías, por lo que urge revisar la legislación para frenar esas violaciones.
Es claro, pues, que los mentados “rebotes” de pacientes en clínicas y hospitales se producen de manera frecuente, según hacen contar Salud Pública y la Dida, que además piden hacer cumplir la Ley General de Salud y la de Seguridad Social, o modificar esos estatutos.
Los centros médicos involucrados en conflictos o denuncias sobre traslado de pacientes por razones económicas, aducen que cumplen con el protocolo de ley que consiste en ofrecer servicios de emergencia y estabilizar su condición de salud.
Es verdad que la mayoría de las clínicas privadas requieren un depósito a familiares de pacientes que son llevados a sus salas de emergencia, aun si el paciente posee seguro médico, por lo que las autoridades de la Dida acusan a las prestadoras de servicios de salud de propiciar la mala práctica de los rebotes.
Salud Pública, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Prestadoras de Servicios de Salud, Asociación de Clínicas Privadas y Colegio Médico están compelidos a procurar una solución definitiva a un serio problema asociado a la insensibilidad e ilegítimo afán de lucro. Los derechos a la salud y a la vida están consignados en la Constitución de la República. Se parte del criterio de que los pacientes llevados a las emergencias médicas no son cerdos.
