La lucha contra la corrupción no debería degradarse a insulsas consignas electorales, sino a la articulación de iniciativas o programas que procuren prevenir actos de prevaricación, así como consignar un severo régimen de consecuencias en el ámbito judicial que sea motivo de desaliento a la comisión de ese crimen.
En términos formales, Estado y Gobierno están dotados de un ensamblaje de ley y burocrático que hace difícil a un funcionario sustraer de manera directa fondos estatales, por lo que el cohecho se viste hoy de soborno, como ha admitido el consorcio brasileño Odebrecht, que distribuyó 92 millones de dólares en coimas.
Recibir dinero a cambio de la concesión de una ventaja o privilegio en la adjudicación de una obra o en compras y contrataciones tiene el perjuicio adicional para el Estado del encarecimiento de la obra física adjudicada, del bien o servicio adquirido.
Otra empresa brasileña, Embraer, que vendió al Estado dominicano una flotilla de aviones Súper Tucano, también admitió la distribución de US$3.5 millones en sobornos para poder obtener el contrato correspondiente, por lo que tuvo que adelantar a la Procuraduría General de la República un pago de US$7.0 millones en anticipo de multa.
Otros casos en manos de la Justicia se refieren a las ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de la antigua Corporación de Empresas Estatales (Corde), aunque la figura del soborno o coima representa la infracción criminal más frecuente en el litoral público.
Pese a la frase a mal de muchos, consuelo de tontos, debe consignarse que la prevaricación en sus diferentes vertientes tiene hoy categoría de epidemia en el continente, con escándalos mayúsculos en Brasil, Perú, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, entre otras naciones.
No debe olvidarse que la corrupción también contagia al sector privado a través de prácticas desleales empresariales, de comercio o de inversión, que incluyen las figuras de monopolio, oligopolio, evasión y elusión fiscal y, obviamente, asociación en la comisión de soborno a agentes públicos, por lo que ese flagelo debe combatirse en todos los escenarios.
Estado, liderazgo político, gremios empresariales, sindicatos y sociedad civil deberían promover un gran compromiso de afrontar la corrupción en todos los niveles mediante efectivos programas de prevención y educación, combinados con un régimen de consecuencias tan fuerte que provoque desaliento a quienes intenten prevaricar.
