La economía dominicana crece a un ritmo promedio de más de un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), con ingresos anuales de cerca de 28 mil millones de dólares por vía de remesas, turismo, inversión extranjera y exportaciones y su sector agropecuario abastece más del 85% de los alimentos básicos que requiere la población.
Una situación de caos o ingobernabilidad no se genera por voluntad individual o de grupo, sino por la prevalencia de un tipo de grave crisis económica que a su vez genere un colapso social que provoque una crisis política e institucional.
Puede decirse que aquí no están dadas las condiciones para que se produzca un escenario de cruenta ingobernabilidad que ponga en peligro o desplace a la administración legítima del Estado y del Gobierno, aunque se admite que la democracia sufre un preocupante tipo de anemia.
Aun así, el ensamblaje institucional mantiene su movilidad a través de los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de las altas cortes, de los órganos de regulación y control monetario, financiero, fiscal y administrativo, así como de dependencias autónomas.
Las Fuerzas Armadas han forjado el principio de apoliticidad y de obediencia al poder civil, y expandido una cultura de solidaridad en todos los órdenes con el Estado y la población, por lo que sería muy difícil que ningún mando militar se aparte de la Constitución de la República o colisione con la democracia.
Desde hace más de medio siglo, República Dominicana celebra elecciones para escoger a sus mandatarios, integrantes del Congreso y por vía de delegación de los miembros de la judicatura y las altas cortes, aunque se reconoce que las denuncias de fraudes electorales han matizado muchos eventos electorales.
Por todo lo antes expuesto, se señala la imposibilidad de que aquí se reediten tragedias políticas, económicas o sociales que padecen otras naciones del continente, todas las cuales han estado precedidas de cruentas crisis económicas, represión política o de restricción a otros muchos derechos fundamentales.
Aunque se reclama del Gobierno y demás poderes públicos debida transparencia, sana administración de los recursos públicos, respeto y estricta aplicación de las leyes, y a la oposición cumplir con su rol apegado a la Constitución, puede decirse que aquí no hay peligro de desestabilización política.
