El reciente salvataje por parte del Estado de docenas de escuelas católicas, así como la propuesta de extender su brazo benefactor a escuelas evangélicas, debería hacernos retomar el debate sobre la educación laica en nuestro país.

Es poco probable que las escuelas rescatadas por el Estado vayan a cambiar la parte de su currículum dedicado a la religión, puesto que el mismo Estado no ha tenido mucho interés en hacer lo propio en las escuelas públicas. El país necesita una educación laica si espera corregir el rumbo en muchos de sus defectos.

Forzar a los niños a someterse a ritos religiosos o a clases de religión en las escuelas bajo el control del Estado es un ataque directo a la libertad de conciencia y culto de los estudiantes y padres de estos que, en principio, el mismo Estado está llamado a proteger.

Aunque a veces se nos trate como si fuéramos inexistentes, la República Dominicana tiene muchas personas que no se adscriben ni al catolicismo ni al protestantismo, incluso ni siquiera al cristianismo. La promoción de una religión a cualquier denominación dentro de las escuelas bajo el control del Estado denota un favoritismo, que justo por tratarse de escuelas, impacta el desarrollo libre de la personalidad, el cual es otro derecho consagrado por la Constitución y que también es responsabilidad del Estado defender.

La escuela pública debe ser un lugar abierto e incluyente a todas las ideas y creencias, un lugar que estimule los debates y al pensamiento crítico donde no se imponga por caprichos administrativos una convicción religiosa específica.

Toda sociedad implica una diversidad de criterios que en base a los criterios más básicos de moralidad ameritan cuanto menos un trato igualitario de reconocimiento sin favoritismos, como fundamento mismo del derecho sagrado a la libre expresión.

Ciertamente reconozco el derecho de los colegios privados a imponer los criterios propios de la enseñanza que desean, por algo son privados y es su prerrogativa, así como la de los padres que inscriban a sus hijos en dichas escuelas a recibir por lo que pagan. Esto, sin embargo, no puede decirse del Estado, que está llamado a ser ecuánime y equilibrado, y que se sostiene con el dinero de todos, creyentes de todo tipo y los no creyentes.

Quizás sea prematuro hacer conclusiones sobre este salvataje que a primera instancia luce como una privatización de las ganancias y una socialización de las pérdidas, y podría hasta surgir la sorpresa de que en efecto estas escuelas religiosas sean obligadas a asumir una enseñanza laica. Pero todo ello estará por verse, y francamente tengo muchas dudas.