ESTADOS UNIDOS, AP.- Dos docenas de organizaciones latinas y asiático-estadounidenses demandaron el jueves al gobierno del presidente Donald Trump por sus planes para añadir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020, con el argumento de que eso violaría la constitución porque es racialmente discriminatorio.
El grupo Mexican American Legal Defense and Educational Fund, MALDEF por sus siglas en inglés, y la organización Asian Americans Advancing Justice presentaron la querella en la Corte Federal de Distrito en Maryland. Ambas organizaciones argumentan que la decisión de preguntarle a los encuestados si son ciudadanos estadounidenses tiene motivaciones raciales.
Las organizaciones dicen que la pregunta tiene la intención de socavar substancialmente el conteo de grupos de minoría étnica e inmigrantes, su representación política y los fondos federales que reciben para sus comunidades.
El Departamento de Estado ha dicho que volver a poner la pregunta en el censo “permitirá que el departamento proteja el derecho al voto y asegurará que las elecciones sean justas y libres para todos los estadounidenses”.
El secretario de Comercio Wilbur Ross anunció en marzo que el censo que se envía a cada hogar estadounidense incluirá una pregunta sobre ciudadanía por primera vez desde 1950.
Ross dijo que la pregunta era necesaria en parte para ayudar al gobierno a cumplir con la Ley de Derecho al Voto, una ley de 1965 que fue aprobada con la intención de proteger la representación política de grupos minoritarios. Ross dijo que la pregunta servirá para tener un conteo más preciso de residentes aptos para votar del que se tiene ahora. Para este fin se usará un sondeo con una muestra más pequeña que incluya la pregunta sobre nacionalidad.
Pero quienes se oponen dicen que la interrogante socavará la de por sí baja participación entre los inmigrantes, reducirá su representación política y les restará fondos federales a sus comunidades.
Se han presentado muchas otras demandas cuestionando la pregunta sobre ciudadanía, incluyendo en Nueva York y California, pero esta es presumiblemente la primera que alega discriminación, dijo Thomas Sáenz, presidente y jefe de asuntos legales de MALDEF.
“Creemos que existe una buena base para argumentar y concluir que esto fue motivado específicamente para centrarse en las comunidades latinas y asiático-estadounidenses y reducir el conteo de estos grupos”, dijo Sáenz.
El Departamento de Comercio y la Oficina del Censo figuran en la querella como partes acusadas. Los portavoces de estas agencias no han respondido por el momento a mensajes que se les dejó en busca de comentarios.
