WASHINGTON, 10 Abr 2013 (AFP) – Miles de inmigrantes, en su mayoría hispanos, hicieron oír su voz este miércoles ante el Congreso estadounidense ante el inminente debate sobre una reforma migratoria, y para pedir que se garantice una vía a la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados.
Tras casi un década de intentos fallidos, republicanos y demócratas parecen estar a punto de lograr una solución bipartidista que daría un vuelco sin precedentes al sistema de inmigración en el país.
Si el proyecto, actualmente negociado por un puñado de legisladores de ambos partidos, es aprobado, podría significar también un refuerzo del peso de los hispanos a largo plazo.
Bajo un fuerte sol de primavera, con miles de banderas estadounidenses y pancartas ondeando, los asistentes provenientes de todo el país exigieron a los legisladores que garanticen esa vía.
Ocho senadores, cuatro republicanos y cuatro demócratas, se encuentran finalizando los detalles del proyecto de ley y podrían presentarlo en pocos días, según fuentes legislativas consultadas por la AFP.
El proyecto contendría una propuesta de legalización para los indocumentados, una completa refundación del sistema de inmigración, que privilegiaría los intereses económicos del país, con cuotas de trabajadores por sectores, y finalmente, una serie de objetivos en cuanto a la seguridad fronteriza de cumplimiento obligatorio.
Aunque las negociaciones seguían abiertas, una posibilidad de acuerdo, filtrada por medios de prensa, podría consistir en un plazo de diez años para legalizar a los indocumentados, y luego tres años más de espera para lograr la ciudadanía.
Una audiencia para marcar el inicio del debate podría tener lugar el miércoles 17, informaron fuentes de la oficina del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, dirigido por el demócrata Patrick Leahy.
Los legisladores “no necesitan una oración, necesitan un exorcismo”, declaró José Eugenio Hoyos, reverendo evangelista de Arlington (Virginia) durante el acto público.
De los 11,5 millones de ilegales en el país, dos tercios aproximadamente son de origen hispano, ya de por sí la primera minoría estadounidense.
La ciudadanía para los indocumentados es un escollo importante entre los sectores políticos más conservadores del Partido Republicano y los demócratas, pero no el único.
La seguridad en la frontera con México ha sido el gran argumento de senadores y gobernadores republicanos de los estados sureños para paralizar la reforma integral desde su último y sonado fracaso en 2007.
Estados Unidos deporta al año más de 400.000 personas, una cifra récord, y el nivel de aprehensiones ha caído un 50% desde 2008 (365.000 personas el año pasado).
La frontera sur nunca ha estado más segura, alega el gobierno de Barack Obama, que ha hecho de la reforma migratoria uno de sus grandes proyectos para su segundo mandato.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que no tiene otra forma de medir claramente la seguridad en la frontera que las cifras de detenidos o la cantidad de droga incautada.
“Habrá obstáculos duros pero franqueables que vinculen directamente la seguridad en la frontera directamente a la vía a la ciudadanía, y si esas condiciones no forman parte de la legislación, no habrá acuerdo”, explicó a la AFP Alex Burgos, un portavoz del senador republicano Marco Rubio, que forma parte del grupo negociador.
Según el diario Wall Street Journal, los indocumentados no podrán alcanzar la ciudadanía si no se consiguen metas específicas, como un 90% de aprehensiones de los indocumentados que intenten cruzar la frontera.
En el apartado de las cuotas de trabajadores temporales, empresarios y sindicatos alcanzaron hace diez días un acuerdo para autorizar hasta un máximo de 200.000 visas al año para los sectores de baja cualificación.
Las negociaciones continúan en lo que respecta al sector agrícola y los inmigrantes altamente cualificados.
