No hay una tercera alternativa. Se aprueba o se desaprueba la impunidad. El tema es delicado, razón por la que muchos funcionarios gubernamentales, empezando por el presidente Danilo Medina, han expresado identificarse con el Movimiento Verde, el cual aboga por el fin de la impunidad y la corrupción pública en la República Dominicana.
“Sin formar juicio, no debes de hablar”, dijo Sófocles. De manera que yerra todo dirigente del PLD que acude a la televisión a exhibir elocuencia, resultar gracioso al jefe de Estado e intimidar a una población que formula un reclamo justo y hermoso. Para colmo: Admite públicamente que está violentando el Art. 44 de la Constitución de la República, que se refiere al “Derecho a la intimidad y el honor personal”.
Exhorto al doctor Carlos Amarante Baret, ministro de Interior y Policía, a que lea los numerales 1), 2), 3) y 4) del Art. 44 de la carta magna. Posiblemente los conoce mejor que el suscrito (alguien me dijo que es abogado), pero todo indica que su pretensión era desviar la atención de la lucha en contra de la impunidad bajo la “denuncia de conspiración” en desmedro del gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez. Dijo que “hablan cosas y que se reúnen”. ¡Anjá!
¿Cuáles son esas cosas que hablan? ¿Acaso el derecho a expresión y difusión del pensamiento no está garantizado constitucionalmente por el Art. 49 y, de forma particular, por la Ley 6132? ¿Y la reunión no es un derecho plasmado en el Art. 48 de nuestra ley de leyes? ¡Por Dios…! Después del error el funcionario ha reculado y “dice que no fue eso lo que quiso decir”, pero el video de la entrevista con Huchi Lora está ahí.
Es verdad que ese espionaje ilegal es una vieja práctica, que históricamente se han violado los derechos de intimidad de las personas. Es una lástima que instituciones que se pagan con dinero del contribuyente sean tomadas para hacerle daño al mismo pueblo, pinchando los celulares, viendo las conversaciones a través del whatsapp y hasta sustrayendo fotos de personas desnudas guardadas en la galería de los móviles, entre otras tantas bellaquerías.
Pero si esa eficiencia que se exhibe en el espionaje procurara establecer actos de corrupción administrativa (¡Oyes Carlos: no hubiera motivos para luchar en contra de la impunidad!), para apresar a los narcotraficantes y a los funcionarios civiles y militares dueños de bandas delincuenciales, nuestro país no tuviera tantos problemas. La República Dominicana fuera un paraíso. Por lo menos se aproximara.
