Artículo 146. Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:
1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;
2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;
5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo”.
La Constitución de 2010, modificada luego para permitir la reelección de Danilo Medina, es hija legítima del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, es letra muerta, nadie ha querido aplicarla. El PLD se niega a sí mismo. Hay que llevarlo “a su propia legalidad”, como le exigiera Juan Bosch al presidente Balaguer.
Los funcionarios y las bocinas alegan constantemente que este es el gobierno más honesto que ha tenido el país en su historia, burlándose, en un acto de cinismo increíble, de la inteligencia del pueblo. Este no es el gobierno más serio, es el más permisivo, el de más impunidad, por lo tanto, el más corrupto.
Danilo dijo tener un látigo para los corruptos. Pero nadie ha sido azotado en más de seis años. Prometió que cancelaria y sometería a la justicia a cualquier funcionario por “el simple rumor público”. Pero a pesar de las denuncias y de las protestas, los presuntos prevaricadores han sido premiados con otro ministerio o con una botella en el mismo Palacio Nacional.
Durante el primer mandato del presidente Medina la mayoría de los funcionarios no hizo declaración jurada de bienes. A más de un año del segundo mandato, más de cinco mil se niegan. Y no pasa nada. El jefe de la administración pública, el señor Medina, se convierte en ciego, sordo y mudo. No ha cancelado a nadie. La complicidad es obvia.
