La culminación de parte del proceso judicial que siguen un grupo de víctimas de acoso sexual en la Fiscalía de Samaná, es positivo para el sistema de prevención y atención a la Violencia Basada en el Género (VBG) contra las mujeres en el país.
Robert Francis Justo Bobadilla, ex Fiscal de esa provincia, denunciado formalmente por siete mujeres, de un total de 14 afectadas por hostigamiento sexual, empleadas de esa Fiscalía y hasta víctimas que acudían a denunciar, finalmente fue separado de su cargo.
La destitución ordenada por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, “por haber incurrido en faltas graves y muy graves” previstas y sancionadas tanto por la Ley Orgánica y el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, expresa “que los hechos puestos a su cargo fueron probados más allá de toda duda razonable”, por lo que ordena “la inhabilitación del procesado disciplinariamente Lic. Robert Francys Justo Bobadilla, para prestar servicios nueva vez dentro del Ministerio Público, igualmente que la inhabilitación temporal por un período de 5 años para prestar servicios en cualquier otra institución del Estado Dominicano”.
Nuestras leyes, tipifican penalmente el crimen del acoso sexual, pero las relaciones laborales aquí son patriarcales y en ellas, el acoso sexual pasa a rodearse de una ambigüedad y complejidad que debe afrontar desde su propia subjetividad, la persona afectada.
Para la ley penal dominicana, toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad por sus funciones, es acoso sexual, castigándolo con un año de prisión y en caso de ser en el trabajo, con derecho a la dimisión justificada prevista por las leyes laborales del país.
El acoso sexual, es una expresión de poder sea en el trabajo, en las escuelas, en el ambiente de las iglesias o en cualquier espacio, se convierte en un indicador de la dimensión patriarcal de las relaciones entre “superiores y subordinadas” y entre hombres y mujeres.
Como práctica dañina y crimen recurrente en una sociedad machista como la nuestra, afecta a las mujeres en su intimidad, dignidad e integridad, entorpeciendo su desempeño laboral y limitando sus oportunidades de desarrollo, lo que lo convierte en una de las peores violencias basadas en el género, reconocida por toda nuestra legislación nacional, Constitución, Código Penal, Código de Trabajo y por los acuerdos internacionales.
Hay que saludar la valentía de las mujeres que denunciaron junto a su abogada, al ex Fiscal depredador. Para ellas, todo el apoyo!
