La sentencia del TC trajo la pregunta, generó la reflexión: ¿Será posible luchar contra la fusión pacífica de Haití y Dominicana por la que propugnan con inteligente arrogancia organismos internacionales y embajadas, pero eso sí: sin caer en prácticas xenófobas cercanas al genocidio civil que ha asesinado civilmente a decenas de miles de seres humanos a quienes las autoridades pretenden negar lo que su propia vida ya le ha entregado: la nacionalidad dominicana?
La irresponsabilidad de los gobiernos dominicanos ha sido de antología y pena. Para lo que alumbra en el tema, el Estado dominicano apagado es que aluza, y sin luz, tarde o temprano llegan las sombras a la democracia.
En la Constitución de 2010 (art. 18/3) se establece claramente que no son dominicanos los hijos de quienes se encuentran ilegalmente en el país. Ahí no existe discusión jurídica posible. El legislador dio categoría constitucional a una decisión de un estado al que no le interesa (o no debería interesarle) recibir mano de obra extranjera ante el dato desolador de que en los últimos diez años la economía dominicana apenas generó 48 mil empleos en todo el sector privado. (Mas de la mitad de los que cobran en el Estado son en verdad beneficiarios de un welfare no declarado.)
Un estado soberano, si lo es, tiene el derecho de definir una política migratoria de acuerdo a sus intereses. Fue lo que en 1953 hizo España cuando, siendo un moridero de pobres, (-y precisamente por ello-) firmó con Dominicana un convenio de no visado y derecho a doble ciudadanía, que por cierto cambió unilateralmente cuando superó su malaria y entró a formar parte de la rica C.E.E. Aunque recibió duras críticas, la decisión del Estado español fue la que tenía que ser: la que defendía los intereses de sus ciudadanos, odontólogos, empresarios, prostitutas o jardineros.
De igual manera, nuestra Constitución de 2010 dejó claro la posición del Estado Dominicano en el tema migratorio. (¡Ya era hora!). Pero sólo a partir de 2010. La defensa de lo nacional no se puede hacer en detrimento de 22 mil compatriotas de origen haitiano, y dije ¡compatriotas! ¡Dominicanos!
Sectores económicos que han vivido de las malas artes de disponer de una mano de obra semiesclava y sin derechos de ningún tipo, han impedido que el Estado aplique la gracia que el reglamento de la Ley de Migración manda.
Hablo de un estado que administra un gobierno de un partido que para ganar elecciones necesita dineros y no enemistarse más de la cuenta con los verdaderos dueños del país y sus medios.
El Estado Dominicano es el principal responsable de todo lo que ha ocurrido en torno a la migración haitiana y la nacionalidad dominicana en los últimos 50 años, pues mientras con su inacción promueve la fusión pacifica de los dos países, al mismo tiempo, fomenta la creación de guetos y un cementerio anticristiano de muertos civiles. Inaceptable en pleno siglo XXI
Por todo lo anterior, clama este bulevar porque se acelere el proceso de regularización que el reglamento de la ley de Migración manda, y que el presidente de la República, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, otorgue la nacionalidad dominicana a los 21 mil 781 ciudadanos que por vida, tiempo y cultura ya tienen, ya lo son.
