En el 2010 la República Dominicana estrenó una Constitución que le consignaba como Estado Social de Derecho. Curiosamente ese mismo año se dieron las primeras alertas del colapso de los Estados Sociales de Derecho al sur de Europa. Más que un lindo y abstracto concepto jurídico, el Estado Social de Derecho impone obligaciones a cargo de los diferentes poderes que pudieran no ser sostenibles en el tiempo. Estando España al borde del rescate y de manera forzosa desmontando su costoso Estado de bienestar, y posiblemente con Italia uniéndosele en el primer trimestre del 2013, es tiempo de preguntarnos si vale la pena trazarnos esa meta.
Tan llamativo como la caída de los Estados del sur de Europa, es hoy ver como los referentes latinoaméricanos, Brasil y México, van girando un poco de su ruta a convertirse en Estados Sociales. Brasil viene haciendo recortes sensibles en su gasto público y privatizando buena parte de su infraestructura estatal, mientras que México está al borde de modificar su Ley de Trabajo (que inspiró a nuestro Código Laboral) para admitir mayor flexibilización laboral. Las medidas en ambos países se perfilan como las primeras de muchas más necesarias para eludir los efectos de la actual crisis global y a mediano plazo evitar los errores europeos.
El Estado Social en el sur de Europa se vio económicamente impulsado por la unión monetaria que permitió a los países de esa región acceder a créditos baratos. Políticamente resultó más beneficioso para el liderazgo en España, Grecia, Italia, Portugal, etc. usar ese crédito para implementar revindicaciones sociales, que impulsar la competitividad y productividad de sus economías por medio de la flexibilidad laboral, desmontar los subsidios a su producción, racionalizar su seguridad social o mantener a raya el frenesí inmobiliario. Una vez desvanecida la ilusión de que la unión monetaria implicaba la socialización del riesgo soberano empezó el colapso de los dóminos, y hoy el el desmonte de las revindicaciones sociales se ha convertido en un encrucijada política que amenaza con hacer colapsar a la moneda única.
La República Dominicana siempre ha apostado al Estado paternalista como el enfoque de su desarrollo, y en gran medida sus ciudadanos siempre han sido dependientes o directamente influenciados de las acciones de su gobierno para su subsistencia diaria. No obstante a los resultados evidentes de esa mentalidad, seguimos siendo un país del tercer mundo después de todo, agigantamos aún más al Estado paternal y constitucionalizamos el Estado Social.
Dentro del Estado Social la vivienda propia es un derecho, al igual que la seguridad y asistencia social (en todas las modalidades imaginables), el empleo y el salario digno, y todo aquello que permita al desarrollo del individuo de forma igualitaria, equitativa y progresiva es obligación del Estado otorgarlo.
Por el momento, las dificultades económicas perennes de nuestra nación han servido para imposibilitar en el corto plazo la ejecución de un Estado Social efectivo, pero constitucionalmente, sin importar su factibilidad a largo plazo, sigue siendo una obligación proyectarnos en esa dirección, esto sin saber que en efecto eso es lo deseado.
Lo llamativo de todo esto es que celebramos nuestra entrada en un modelo que alrededor del mundo viene colapsando.
