La diabetes mellitus, enfermedad conocida desde la antigüedad, ocasiona un alto costo. Tener una enfermedad así en los países como el nuestro, requiere un fuerte respaldo presupuestario. Esto porque se puede necesitar pastillas o insulina para la diabetes en sí, pastillas para la presión alta que suele acompañar a la misma, para los dolores por irritación de los nervios (neuropatía), para controlar los triglicéridos y colesterol, para la circulación, pastillas para los estados psico-emocionales…
En un simposio de Economía y Diabetes realizado en Sao Paulo, Brasil en el 2004 patrocinado por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la Organización Panamericana de la Salud y la Declaración de las Américas (DOTA), se determinó que un 16% del costo es ocasionado por la enfermedad en forma directa, y el otro 84% son costos indirectos.
En un estudio mas reciente realizado en el país por Frank Fuentes y Brenda Villanueva sobre el impacto económico de la Diabetes Mellitus en la RD: Análisis y Recomendaciones de Políticas Públicas que mereció el primer premio del Banco Central en investigación económica, revela datos como la entrada del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que oferta el Plan Básico de Salud sin discriminación por enfermedad.
No obstante, el sistema sanitario dominicano apoya con tres mil pesos al año los medicamentos que requiere el afiliado diabético a una ARS. ¿Es esta suma suficiente para garantizar el equilibrio metabólico que se exige para evitar complicaciones?
En 1997, la Fundación Dominicana de Endocrinología y Diabetes (Fundomed) sometió al Congreso un proyecto a través del diputado Elías Wessin Chávez, con la finalidad de exonerar la insulina que permitiera reducir costos a los diabéticos que la necesiten, de ahí nació la Ley 486-98, que exime a la insulina y sus sales de la aplicación de ITBIS, recargo cambiario y desmonte. Otra pregunta es: ¿Se aplica esta ley en el país? La queja común de los diabéticos es el aumento continuo de la misma.
Definitivamente, tenemos que revisar las estrategias nacionales para favorecer la economía de los diabéticos, toda vez que las estadísticas y análisis financieros locales e internacionales, la definen como un problema de salud pública de alto costo a mediano plazo.