¿Cómo hablar de ese principio de los derechos fundamentales de la humanidad, reducido hoy al cliché de votar libremente, llamado Democracia? Es más difícil aún, cuando éste se encuentra en gran medida condicionado y a disposición de quien disponga de mayor capital económico y relacional en las aras públicas. Y, ¿cómo evaluar la aplicación y regulación de los derechos civiles, cuando la ciudadanía ha sido vaciada de su contenido y sentido, por manos de quienes encarnan el poder?
Desheredación de las funciones públicas y complicidad por intereses particulares han caracterizado el accionar estatal dominicano, conllevando a una humillación de la población y degradación de sus condiciones de vida.
Fruto de la incertidumbre ante un paisaje frágil en oportunidades, la desesperanza social empuja a miles de dominicanos al riesgo de un pasaje de ida para salvaguardar sus vidas. Lo evidencian el recrudecimiento de los viajes en yolas y sus escalofriantes cifras de naufragios, así como el auge de mulas y sus retenciones en el extranjero, véase de sus víctimas sin distinción de edades. ¿Qué decir? La pena de muerte no existe legalmente en nuestro país. Pero, aparentemente, se está institucionalizando lentamente.
Hoy día, decenas de instituciones y particulares están obligados a reemplazar precariamente este vacío de Estado. Digo precaria, porque para que un centro con más de cuatro décadas de ardua labor social, logrando en un momento dado alojar, educar y encaminar hasta más de un centenar de niñas huérfanas e hijas de la prostitución, reciba sólo 13 mil pesos mensuales de subvención del Estado, representa un irrespeto intolerable. Sobre todo, cuando en el círculo de espera gubernamental nos aprestamos al nombramiento de un onceavo subsecretario.
De igual modo, los emigrantes económicos que los distintos gobiernos han dado la espalda, cumplen paradójicamente hoy la ocupación de su dimisión. 8,3% del PIB fue la cifra de las transferencias monetarias en 2007. Estas no se limitan al envío de particulares y se extiende al desarrollo comunitario, como sucede en la región Sur del país. Al parecer, no basta con desentenderse de sus responsabilidades y desamparar aquellos que la realizan. Pareciera como si se quisiera criminalizar y condenar el derecho de hacer justicia social, como la realizada cotidianamente por el Padre Regino.
Ahora estamos en tiempos de Cumbre. Como en la escena pública cotidiana, ya se observa la toma de la palabra en nombre de estas poblaciones relegadas. Se habla en su lugar y aparentemente por sus intereses (de manera muy desinteresada!).
Entre fotos de consenso y una que otra firma de compromiso con los Derechos Humanos, entre cátedras de desarrollo y comisiones contra la corrupción, entre homenajes de izquierdas y políticas de derechas, se mantienen las manos directrices del espectáculo público.
Las mismas que logran imponer la manera en torno a la cual, una problemática debe girar. Un ejemplo: Diversos sectores ratificaron su apoyo al antídoto de mano dura contra la ola de delincuencia urbana. Ahora bien, mientras la tolerancia cero siga aplicándose severa y discriminatoriamente, y las balas de salva continúen contra-atacando el desempleo y la deplorable calidad educativa, la violencia social seguirá abriéndose trechos.
Además de mantener en el poder un cierto grupo social y excluir una gran mayoría, esta inexistencia cívica a la cual se ha sometido a los dominicanos, abstrayéndoseles el derecho a tener derechos, ha contribuido al desarraigo político de los ciudadanos. La violencia ejercida a través de estas prácticas podrá silenciar su participación durante un tiempo.
Pero, diferentes hechos han demostrado que cuando la desesperanza social desespera, existe un límite. Y la historia se esta escribiendo.
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