En la columna anterior afirmé que estaba en disposición de reconocer si el discurso del presidente contenía pruebas de que el gobierno iba a modificar su actitud ante conductas y hechos que lesionan el patrimonio público y que, al fin, en el país se abriría una etapa en que a los acontecimientos que vulneran la legislación penal, se les haría producir sus correspondientes consecuencias.
En ese sentido, la alocución fue un rotundo fracaso. El primer mandatario no ofreció, fuera de promesas, evidencias que permitan a los ciudadanos confiar sobre bases firmes que vamos a transitar el camino que conduzca a superar el déficit histórico que acusamos en esa materia.
Hubo dos circunstancias que, a mi entender, el orador no evaluó de forma correcta y eso determinó que su participación no concitara el entusiasmo de discursos anteriores que tuvieron la magia de provocar masivas adhesiones y entusiasmo, como cuando abordó los temas de Barrick Gold, Bahía de las Águilas, sentencia 168 y plan de regularización de extranjeros.
El primer elemento fallido consistió en no considerar que sustentar en sus palabras el plan de reacción ante el escándalo Odebrecht resultaba inapropiado en un momento en que segmentos poblacionales tienen razones válidas para desconfiar de quien acumula en su historial una gama de incumplimientos a garantías ofrecidas en aspectos medulares de su accionar político.
El segundo aspecto, vinculado al anterior, es que tratándose el caso de una problemática internacional, y habiendo avanzado los procesos en otros países a ritmo mayor que aquí aun ocupando nosotros tercer lugar en lista de montos de sobornos, era lógico presumir que la gente esperara hechos, actuaciones, decisiones, no solicitudes de apostar a un futuro que, a partir de un pasado nefasto, no permite vislumbrar nada halagador.
Como si lo anterior fuera insuficiente para decepcionar, el gobierno, al tiempo de designar una cuestionada comisión para investigar licitación y asignación de una sola de las obras, ha colocado hace varias semanas una campaña costosísima de promoción de la misma y, en el propio discurso, el presidente asumió su defensa irrestricta al punto de uno cuestionarse si en ese contexto alguien puede suponer que la citada comisión vaya a ofrecer resultados desfavorables a los propósitos del poder.
Así las cosas, me atrevería a afirmar que el presidente no está dimensionando de manera realista las consecuencias que un mal manejo de este tema puede tener, para él, y para su partido.
