Opinión

El discurso

El discurso

No es populismo afirmar que el oro es nuestro. Populismo sería hacer uso inadecuado de los recursos generados o convertir la mina, como antes, en foco politiquero. Se intenta que nuestra riqueza sea para beneficio prioritario de dominicanos y dominicanas. Eso es cumplir con deberes de lealtad ante la nación.

Pagar impuestos por adelantado fue una oferta indecorosa para evadir revisar el contrato. Eso fue rechazado, en acto de responsabilidad del primer mandatario, quien procura establecer nuevas bases de negociación que impliquen un incremento sustancial en la distribución de las utilidades netas generadas.

No hacen falta conocimientos profundos de cláusulas contractuales para saber que se hizo una pésima negociación, sobre todo al recordar que se trata de recurso no renovable que no tendremos para siempre. De más de US$1,700 millones, a los dueños de la materia prima apenas le toca algo más de 50. De cada 100 dólares, al país le corresponden 3 y la inversión realizada se recuperaría en no más de 3 años, algo insólito en este tipo de desarrollo.

Postulo por tener cuidado con el uso de los recursos derivados de una negociación más justa. Pero no es razonable oponerse a un esfuerzo loable bajo la premisa de que en el futuro se actuará en dirección negativa. En ese caso, levantaremos nuestras voces para protestar por eso. Mientras tanto, respaldemos la iniciativa de que el Estado obtenga un contrato más digno.

El alegato socorrido de quienes se oponen al valiente anuncio presidencial es el supuesto atentado a la seguridad jurídica, como afirma la ANJE. Habría que suponer que ese concepto debe operar en igualdad de condiciones para todas las partes. Sin embargo, en el pasado, la Barrick alegó que la cláusula de estabilidad fiscal del contrato le perjudicaba y solicitó al Estado renegociarla y este aceptó. Se disminuyó el monto de los impuestos debidos por la empresa. ¿Por qué no se dijo en esa oportunidad que por razones de seguridad jurídica eso no podía hacerse y se guardó silencio cuando el Estado modificó en su perjuicio condiciones del contrato? ¿Acaso opera la seguridad jurídica solo en beneficio de una parte?

El Presidente debe saber que cuenta con el respaldo de una amplísima mayoría de compatriotas en la tarea ciclópea que ha emprendido. ¿Puede alguien olvidar los intereses a que se enfrenta con su actitud? No reconocerle su iniciativa y abandonarlo en la gestión, alcanza categoría de mezquindad.

El Nacional

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