Nunca, jamás, un funcionario debe abusar o imponer su voluntad. Lo correcto es administrar los recursos públicos tal y como fueron asignados, procurando siempre dirigirlos al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la sociedad.

Todo funcionario que se considere por encima de los preceptos constitucionales, digamos con fuerza para no rendir ningún tipo de cuenta, se convierte automáticamente en una mancha negra en medio de la autopista transparente que con eficacia se ha propuesto construir el presidente de la República, con la esperanza de llevarla a feliz término al final de su mandato.

Resultan ser muchos y variados los compromisos de carácter público que ante la sociedad está llamado a cumplir un alto funcionario público.

Entre dichos compromisos está la obligación de ser poseedor de una moral pública que no dé motivos para cuestionamientos negativos. Comprometer su lealtad con el país, familiares y amigos. Ser un funcionario veraz, eficiente, humilde, líder y actuar con la firmeza que le exige su cargo a la hora de enfrentar una conducta inapropiada o un asomo verificable de pura corruptela.

Además, en no pensar en cómo obtendrá ventajas personales ni cómo se enriquecerá de manera ilícita ante la oportunidad de administrar y salvaguardar dinero que no le pertenece.

En conclusión, la administración pública moderna requiere de funcionarios públicos dispuestos a siempre promover la transparencia como ejemplo verosímil de una excelente gestión pública, conscientes de su rol como individuo comprometido con los nuevos paradigmas de esta sociedad cada vez más exigentes, bajo la lupa del Gobierno, las instituciones no gubernamentales, los sectores privados, las iglesias y otros no menos importantes.