La sentencia 168/13 del TC ha levantado una polvareda de opiniones cruzadas. Clérigos, políticos, periodistas y abogados se han aventurado a expresarse, ignorando muchos de ellos que la labor jurisdiccional no se reduce a la mera aplicación de lo que la ley textualmente dispone.
La vida es movimiento, incesante fluir de cambios, por lo que ningún precepto puede prever todos los supuestos, en particular los futuros, que el legislador pretende reglar. De ahí que José Luis Castillo Alva, tratadista peruano, asegure que “incluso las normas jurídicas que tienen un sentido claro requieren interpretación”.
El viejo art. 11 de la Constitución señalaba que con excepción de los hijos de extranjeros diplomáticos y de los transeúntes, los nacidos en nuestro territorio eran dominicanos. La interpretación literal conduciría a creer que los de los ilegales se beneficiaban del jus soli.
Resulta, sin embargo, que el sentido de la regla debe fijarse según la voluntad del legislador, sometiéndola a una interpretación dinámica y flexible para acomodarla a las transformaciones sociales y económicas.
El contexto histórico de 48 años atrás era muy diferente al del 2010, realidad que invita al debate al sistema teleológico, método interpretativo preponderante que se adentra en la finalidad normativa del legislador.
Si se prohíbe ingresar al cine con perros, es innecesario que la ley enumere todos los animales de la tierra para saber que tampoco podría entrarse con caballos o chivos. Por igual, la falta de especificidad del constituyente al consagrar el jus soli, no impedía deducir que su propósito fue reservarles nuestra nacionalidad tan solo a los hijos de residentes legales.
Si le negó ese derecho a los hijos de transeúntes legales, con mayor razón a los de quienes deviniesen en ilegales por exceder el tiempo de permanencia otorgado por las autoridades, o bien por haber ingresado ilegalmente al país. Después de todo, la lógica más elemental permite colegir la imposibilidad de que una ilegalidad comporte una legalidad.
