El escritor Manuel Núñez, desmenuza en su obra La dictadura del débil, 529 páginas, Letragráfica, 20l5, el sigiloso y artero propósito de fusionar la antigua isla Española en un solo Estado, propiciado por Estados Unidos con sus alicates de USAID, Unión Europea, Naciones Unidas, y perversos antivalores que dicen ser dominicanos, y que el Padre de la Patria identificaría como traidores, en esa coyuntura peligrosa y azarosa, que amenaza eliminar la soberanía nacional.
En 65 capítulos didácticos, Manuel Núñez, escritor meritorio, lúcido y patriota, desglosa y pormenoriza la trama que urde la desaparición de República Dominicana como Estado, con el socave de los empleos a dominicanos que tiene su punto referencial más alto en Punta Cana y Verón en El Hoyo de Friusa, pero que se percibe en todo el territorio dominicano, donde haitianos ilegales dominan el mercado de las frutas en las esquinas de todas las ciudades y pueblos con la honrosa excepción, que no se imita, de Baní, ya no el corte de la caña, el mureo de los arrozales, y la industria de la construcción, sino limpiabotas, vendedores ambulantes debajo de los semáforos, serenos de comercios, industrias, fincas edificios de apartamentos, jardineros, servicio doméstico, toda una maraña de penetración y desnacionalización del empleo a dominicanos, una auténtica plaga y quinta columna letal.
Hordas de buhoneros ilegales haitianos copan el Pequeño Haití detrás del mercado Modelo de la capital dominicana y la intersección de las avenidas Nicolás de Ovando y Máximo Gómez, en Santiago de los Caballeros las principales vías y el histórico parque Duarte, El Hospedaje, y todas las ciudades y pueblos, ante la indiferencia de todos los gobiernos antinacionales del Partido de la Liberación Dominicana y sus gobernantes Leonel Fernández y Danilo Medina y alcaldes irresponsables y antipatriotas como los gobernantes.
Ese proceso censurable de fusionar los dos países en uno se inicia cuando el presidente Leonel Fernández demoró ocho años en promulgar el reglamento a la ley 285-04 que el presidente Hipólito Mejía promulgó el 16-08-04, el día que entregó el poder constitucional al triunfante candidato Fernández, y en ese ínterin, penetraron ilegalmente al país hasta hoy unos dos millones de indeseables ilegales haitianos. La ley 168-13 promulgada por el Tribunal Constitucional edifica la zapata de lo que tiene que ser el armazón de regularizar la política migratoria del Estado dominicano consecuencia de honrar y dar seguimiento ese propósito enmarcado en la ley 285-04, procurando evitar la liquidación de República Dominicana como Estado y afianzar su estatus legal e internacional, como fundador de las Naciones Unidas en 1945.
Ese andamiaje de solidificar la soberanía dominicana que ha padecido varios tropiezos provocados por gobernantes antinacionales como el presidente Ulises Haureaux con el protocolo de 1895 que cedió a Haití 250 kilómetros cuadrados, el tamaño de hoy de la capital dominicana; el presidente Horacio Vásquez con el acuerdo del 12 de julio de 1924, y el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo que regaló 15 mil kilómetros cuadrados a Haití en La Miel, sin molestarse en un trámite congresional por el protocolo del 26-02-l935 con el presidente Sténio Vincent a cambio de no permitir contrarios suyos en suelo haitiano, tiene un episodio final desastroso con la promulgación de la ley 169-14 y los decretos 327-13 y 250-14, que prácticamente anulan las iniciativas de organizar la migración ilegal e identificar quienes somos y no son dominicanos.
La antinacional ley l69-l4 convierte a los hijos de extranjeros no residentes en el país en ciudadanos dominicanos, sin pasar por el tamiz de la naturalización, y el decreto 327-13 anula la sentencia de la ley 168-13, cuando es sabido que un decreto carece de facultad legal para anular o imponerse a una ley, y ese decreto antinacional prohíbe deportar a ilegales y el decreto 250-14 instaura el reglamento de la traidora ley 169-14.
Con esos mamotretos jurídicos de clara intención antinacional, el presidente Medina desdeña, ignora y deshonra las 29 batallas, escaramuzas y pleitos que los patriotas dominicanos, libraron entre l844-l856 en cruentas y asoladoras guerras para liberarnos del dominio de 22 años de Haití (1822-1844), que ahora retorna Haití con la invasión pacífica apoyada por los gobiernos antinacionales del PLD, EEUU, ONU y UE y mequetrefes criollos traidores, que Manuel Núñez califica como una repetición del annus horribilis que tradujo la caída de Constantinopla por el poder turco en 1517.
Ese propósito antinacional fusionador dispone de poderosos polos de presión internacional empezando por Estados Unidos, con su panoplia de ONG financiadas por el imperio, la Unión Europea y las Naciones Unidas, todas, sometidas a los dictados del mayor poder concentrado en un Estado que conoce la historia, y así, las visitas de presión al presidente Medina del vicepresidente John Biden de EEUU, el presidente de la Unión Europea, Hermann von Rumpuy y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, conforme precisa Manuel Núñez, página 17.
Esas presiones onerosas e inaceptables orientadas a destruir al Estado dominicano son respaldadas por malos dominicanos a los que el Padre Unico de la Patria calificaría de auténticos traidores, respaldados por empresarios que sabido es que la única patria que conocen y conciben es el dinero y la riqueza, ausentes de principios y sustentaciones conectados con la soberanía de un país.
La ley 168-13 especifica que los nacionales de un país residentes en el nuestro en condición de tránsito y quienes carecen de documentación probatoria de que incumplen con los requisitos de ley no son sujetos de obtener la ciudadanía dominicana, y en lo concerniente a la apatridia, que es un argumento que esgrimen los fusionistas criollos y las presiones internacionales, la Constitución de Haití es clara cuando precisa que a todo hijo de haitiano nacido en el exterior le corresponde la ciudadanía de sus ancestros, de manera que el argumento de la apatridia es una patraña y un ardid que contradice el espíritu de la Carta Magna de Haití.
